Política energética

El BNG acusa a la Xunta de hacer “dumping” con la empresa energética (RDG) y recuerda que es ilegal

Rodil ha asegurado que la comercializadora es una “ gran cortina de humo y propaganda” con la que “lo único que intentan es hacer que hacen”

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La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha acusado a la Xunta de querer usar la anunciada Comercializadora Galega de Enerxía, RDG, para “vender a pérdidas, lo que se llama dumping y es una práctica ilegal”.

En rueda de prensa, la nacionalista ha puesto el foco en el anunció que salió del “retiro franciscano” del Gobierno de la Xunta y que alude a una empresa pública cuando el “70%” corresponde a capital privado, lo que demuestra que mediante esta propuesta lo único que busca la Xunta “es seguir beneficiando a las empresas del lobby eléctrico, que es para lo que trabaja el PP”.

Al respecto, Rodil ha asegurado que la comercializadora auspiciada por el Ejecutivo de Alfonso Rueda es una “ gran cortina de humo y propaganda” con la que “lo único que intentan es hacer que hacen”.

La nacionalista ha sostenido que lo que pretende la Xunta es “calmar el malestar social” que existe en la ciudadanía y en el empresariado debido a la paralización del “boom eólico” que pretendía instaurar la Xunta en Galicia.

RDG, la nueva comercializadora gallega

Para Rodil, la administración responsable de las paralizaciones dictadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) es precisamente el Ejecutivo gallego y la “gran inseguridad jurídica” con la que deja a los proyectos en la Comunidad debido a la “permisividad” con la que pretendía actuar.

En este sentido, ha aludido a las decisiones de la Xunta que permitió la “fragmentación ilegal de parques” o la instalación de “proyectos en espacios naturales protegidos”, ante lo que la justicia tuvo que actuar.

En todo caso, en opinión de Rodil, la nueva propuesta del Gobierno gallego tampoco parece que entre dentro de los parámetros de la legalidad ya que “solo anuncian que van a comprar energía para venderla por debajo del precio de mercado”, una actuación que es “ilegal”.

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Además, se ha preguntado “quienes van a pagar ese diferencial” entre el precio de compra y el precio de venta ya que pone en duda que vayan a ser “esas empresas privadas” que conforman la comercializadora.

“Deberían explicarnos cómo quieren pagar esto y cómo quieren que se asuma este diferencial. Si va a ser el Gobierno gallego quien tenga que pagar la factura”, ha alertado la nacionalista.

La diputada de Bloque ha pedido a la Xunta que rectifique ya que “el PP no engaña a nadie en este asunto” porque la ciudadanía sabe que la única intención es seguir “avanzando en una política depredadora que pone al país al servicio de las empresas amigas”.

Frente a ello, el diputado del BNG José Manuel Golpe ha explicado que la propuesta del BNG en materia energética sí pasa por una empresa “cien por cien pública” con medidas que permitan, entre otras cuestiones, asumir la gestión de las centrales hidroeléctricas cuando venzan los períodos de concesión de explotación.

La empresa, ha señalado, se ocuparía de todo el proceso de producción y comercialización de energía para garantizar un suministro competitivo para las empresas tractoras de la economía de la Comunidad y también para la ciudadanía.

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