El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la denegación a la empresa minera australiana Berkeley de la autorización de construcción de la planta de concentrado de uranio en Retortillo (Salamanca).
La decisión es efectiva desde el pasado sábado, una vez que el viernes fue comunicada a la empresa por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La resolución del BOE desgrana los pormenores del procedimiento seguido desde el año 2015.
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Después de casi seis años de tramitación, el pasado mes de julio el Consejo de Seguridad Nuclear emitió un informe desfavorable a la solicitud planteada por la empresa minera australiana para construir su planta. El regulador en esa decisión analizaba las materias de seguridad y de protección radiológica y el 12 de julio estudió la solicitud de autorización y acordó informarla desfavorablemente.
Los informes del regulador en esta materia de instalaciones nucleares son preceptivos pero, además, si son negativos se tornan en vinculantes.
Así, el Ministerio acordó el pasado viernes denegar la solicitud, una decisión sobre la que Berkeley ya ha anunciado que estudiará "de inmediato" las opciones legales disponibles contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
La resolución del BOE señala que contra la orden podrá interponerse potestativamente un recurso de reposición en el plazo de un mes o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Audiencia Nacional.
De este modo, Berkeley informó a Europa Press de que la empresa seguirá defendiendo "con firmeza su posición" al considerar que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha infringido la normativa sobre procedimientos administrativos en España, así como el derecho de defensa de la firma, lo que implicaría que la decisión sobre el rechazo de la solicitud de la construcción de la planta de la compañía "no es legal".
A juicio de la compañía, el departamento que preside Teresa Ribera ha rechazado la solicitud de autorización "sin seguir el procedimiento legalmente establecido", ya que, según la empresa, el 'Informe de Mejora' y los dos informes adicionales de alegaciones y comparación con otras instalaciones radiactivas no ha sido tenido en cuenta y enviado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para su valoración, tal y como ha solicitado la compañía en múltiples ocasiones.
Para Berkeley, el informe desfavorable del CSN es una decisión "discriminatoria" y "arbitraria con cuestiones técnicas utilizadas como justificación para emitir dicho informe, que carece de soporte técnico y jurídico".
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