El borrador de Real Decreto sobre financiación del bono social que el Gobierno pretende aprobar con el beneplácito del resto de formaciones del Congreso de los Diputados ha creado una nueva polémica en el sector.
Las palabras del ministro Álvaro Nadal en las que aseguraba que el bono social no recaerá sobre los consumidores ni en los Presupuestos sentaron mal en el sector. Su plan es que lo paguen las eléctricas. No solo las cinco grandes que lo han venido haciendo hasta ahora, sino que lo hagan las más de 200 comercializadoras eléctricas que hay en el mercado español.
Lo que se desconocía es cómo iba a ser el reparto. Pero según ha podido saber El Periódico de la Energía, el RD fija el pago del bono social a las comercializadoras según el número de puntos de suministro, es decir, aproximadamente de clientes.
Algo que ha sentado muy mal en aquellas comercializadoras que se dedican solo al consumidor doméstico ya que creen que lo justo sería hacerlo por la energía vendida y no por número de clientes.
Por ejemplo, una cooperativa como Som Energia pagará muchísimo más que Fortia. La primera tiene decenas de miles de clientes mientras que la segunda posee solo 109 de media pero consumen el 5% de la electricidad de todo el país.
Desde la cooperativa advierten de que serán las familias y hogares quienes verán repercutido este incremento en mayor medida. "Por ello, hacemos un llamamiento para rectificar la base del cálculo y que éste se base en el volumen de energía comercializada en lugar del número de contratos, con la ventaja de que además se trata de información que ya tiene el Ministerio para calcular las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética que aprobó el anterior Gobierno hace dos años"
Fuentes cercanas al Gobierno han explicado a este diario que esta es la fórmula que se maneja en el resto de países de la UE. Nadal ha negociado el texto con Bruselas y es la única fórmula encontrada para poder llevarla a cabo y que cumpla además con la petición del Tribunal Supremo de no incurrir en discriminación.
Pero esta fórmula tendrá un buen número de clientes que se salven de pagarla. Son los consumidores que están acogidos a la tarifa regulada, es decir, al Precio Voluntario del Pequeño Consumidor. "Al ser una tarifa regulada, las comercializadoras no podrán aplicar el pago del bono social a estos consumidores, mientras que probablemente el resto de comercializadoras sí lo hagan y trasladen el pago a todos sus clientes", afirman las mismas fuentes.
Esto se traduce en que las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, GNF, Viesgo y EDP) verán como financian la gran mayoría del bono social. Uno, porque son los que poseen el 95% de los puntos de suministro de nuestro país, y dos porque tienen una gran parte de sus clientes en la tarifa regulada.
Así por ejemplo, si Endesa posee 10,8 millones de puntos de suministro, y hay un total de 28,9 millones le tocará financiar el 37,3% del total del bono social. Una cifra parecida a la que tendría que abonar Iberdrola que posee 10,2 millones de puntos de suministro.
Además, a sus correspondientes clientes en PVPC no podrán traspasar el pago del bono social, solo lo podrán hacer a sus clientes del mercado libre.
De esta manera, el hogar que tenga una tarifa en el mercado libre, es decir, con cualquiera de las comercializadoras, pagará lo mismo que una gran industria o una empresa de 1.000 trabajadores.
¿Querrá el Gobierno incentivar el PVPC con esta medida? El caso es que el RD no verá la luz hasta que el Parlamento o una mayoría amplia del mismo dé el ok definitivo al texto. Ahora el resto de partidos poseen el borrador y se espera una reunión para la próxima semana.
El objetivo es tenerlo aprobado en Consejo de Ministros antes de que acabe el año. Y publicado en el BOE, claro.
Por cierto, que al final al ministro le sale el tiro por la culata. Porque lo van a acabar pagando los consumidores. Lástima.
Luis Cuena (@LCuena)
15/12/2016