El Ciadi deniega a España la anulación de otro laudo de 30 millones por el recorte a las renovables

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) ha rechazado la solicitud de España de que se anulara el laudo a favor de la alemana Steag por el recorte de las primas a las renovables, que obliga al Estado español a pagarle más de 30 millones de euros.

Según aparece en la página del Ciadi, el laudo que le reconocía esa cantidad se emitió el 17 de agosto de 2021 y el procedimiento para su anulación se registró el 21 de diciembre de ese año.

Cuando presentó su arbitraje la compañía Steag en enero de 2015 reclamaba a España 79 millones de euros.

La energética alemana fue adquirida en agosto de 2023 por el fondo de inversiones e infraestructuras español Asterion al consorcio KSBG, en una operación que suponía valorar la compañía adquirida en torno a los 2.600 millones de euros y entrar en el mercado germano.

El cambio en la normativa española para la retribución a las renovables en 2013, con el Gobierno de Mariano Rajoy, supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil y desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.

La reforma del PP, aprobada ante la grave situación de déficit del sistema eléctrico español, hizo caer la rentabilidad prevista por numerosas instalaciones renovables.

Los laudos en renovables

El Estado español, que viene recurriendo los laudos favorables a inversores afectados por la reforma en cortes de arbitraje, asegura que ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado.

Según estimaciones del Ministerio de Economía, sobre reclamaciones de 10.635 millones, las indemnizaciones reconocidas ascienden a unos 1.500 millones.

Afectados por el impago de las indemnizaciones por la retirada retroactiva de las primas a las renovables enviaron al Gobierno español una notificación prejudicial que alerta de la "próxima puesta en marcha de un procedimiento de 'default' técnico" por el incumplimiento "reiterado" de los laudos que condenan a España a pagar más de 1.560 millones.