El Comité Económico y Social (CES) de la UE y la Junta de Castilla y León defienden un "período de transición de entre 25 y 50 años" que permita elaborar un plan de apoyo a las comunidades autónomas que dependan de la producción del carbón "para reestructurar su industria".
Esta es una conclusión del dictamen de dicho Comité Europeo sobre la minería del carbón presentado por el sindicalista rumano Dumitru Fornea, miembro del CES de la UE, quien ha advertido sobre la necesidad de "establecer diálogos políticos, cívicos y sociales", puesto que la transición energética impuesta por la Unión Europea requiere del "acuerdo de todas las partes" para poder lograr los cambios exigidos.
En este sentido, Fornea ha manifestado a los medios, antes de presentar este dictamen en el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, que "el Plan de apoyo a la transición debe animar a las regiones a que emprendan transformaciones, promuevan el desarrollo innovador y creen oportunidades de empleo".
Al respecto ha recordado que en Castilla y León "hay unas 4.000 personas que dependen directa o indirectamente de la explotación del carbón", una cifra que alcanza el millón de personas si se hace extensiva al resto de Europa, de ahí que sea necesario "que todos los agentes implicados alcancen un acuerdo".
Dimitru Fornea ha recordado que "las ayudas del Estado para la industria se terminan en 2018" y se pregunta "qué va a hacer el Gobierno de España" y los diferentes gobiernos de los países afectados, "que hasta ahora se han callado bastante, pero es momento de defender los intereses de sus comunidades".
Este dictamen pretende ser "un primer paso para abrir el debate, la negociación entre los diferentes Gobiernos, Bruselas y los interlocutores sociales" y presentar un acuerdo coherente en Europa, puesto que existe, según ha dicho, "un fuerte interés de las corporaciones internacionales involucradas en las tecnologías renovables".
Fornea ha insistido en que "las cuencas mineras deben prepararse para la supresión progresiva de la producción del carbón", pero a través de ese plan de apoyo, de la creación de "un marco institucional y político adecuado para impulsar las inversiones públicas y privadas necesarias para su reestructuración".
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha destacado que el dictamen aborde "un período de transición de 25 o 50 años" que permitiría poder realizar los cambios necesarios y, al respecto, ha recordado que la Junta de Castilla y León ya ha iniciado "un Plan de Dinamización de los municipios mineros".
Del Olmo ha mostrado su confianza respecto a que este informe "permita revertir la decisión de la Comisión Europea de eliminar las ayudas a la industria en 2018" y poder abordar un "régimen transitorio con diferentes medidas para adaptar la minería, lo que, a su juicio, sería perfectamente compatible con el Acuerdo de París de 2015 sobre el Cambio Climático".
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