El Congreso de los Diputados debatirá la próxima semana la proposición no de ley en la que el PNV insta al Gobierno a reformar el acceso al bono social eléctrico y a reformular los criterios para que las familias numerosas puedan beneficiarse, introduciendo sistemas de estandarización de renta para un trato "más equitativo".
En el texto, incluido en el orden del día del Pleno que comenzará el próximo martes, el grupo parlamentario aboga, además, por "simplificar y agilizar" el proceso para quienes más lo necesitan, así como por implantar medidas "estructurales y estables" para luchar contra la pobreza energética, especialmente entre los vulnerables.
De acuerdo con los últimos datos disponibles correspondientes al pasado 28 de febrero, el número de beneficiarios en España de este bono social -descuento en la factura eléctrica al que pueden optar los consumidores con tarifa regulada o PVPC- supera los 1,67 millones.
Sin embargo, "cinco millones de hogares deberían de estar recibiendo la ayuda si lo cobrara quien de verdad lo necesita", lamenta el PNV, que se remite a un informe publicado por Esade junto con Oxfam Intermón.
La formación se refiere, asimismo, a la situación de las familias numerosas, donde la tasa de cobertura aumenta.
Al respecto, recuerda que hace casi dos años trascendió a la opinión pública que había personas que se beneficiaban de este apoyo "por el simple hecho" de formar parte de dicho colectivo, "a pesar de contar con ingresos muy superiores a los de un hogar vulnerable".
A raíz de aquello, el Ejecutivo avanzó que introduciría un criterio de renta, "pero hoy aún no se ha materializado modificación alguna".
Reformular la definición
Por ello, el PNV sugiere reformular la definición o criterios para que las familias numerosas puedan acceder al bono social introduciendo sistemas de estandarización de renta, en función del tamaño y composición de la unidad familiar "para permitir un trato más equitativo a los distintos tipos y situaciones familiares".
El pasado mes de octubre, el Ministerio para la Transición Ecológica lanzó una consulta pública previa sobre el proyecto de real decreto regulador de la concesión de una subvención directa para la mejora de la protección de los derechos de los consumidores vulnerables en el ámbito de la transición energética.
A través de la nueva norma, el Gobierno quiere dar respuesta a la pobreza energética, la cual "se ha ido convirtiendo en un problema estructural que se agrava cada año".
La "gran diversidad y complejidad" que presenta esta problemática, unida a la "especial dificultad" para que los beneficiarios potenciales se hagan con apoyos como el bono social, justifican la adopción de medidas para "facilitar e incrementar" el acceso a estas ayudas, concluía el resumen de la consulta.
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