El Congreso ha convalidado el decreto ley del Gobierno que declara la Cumbre del Clima (COP) --que se celebra en Madrid en diciembre-- como acontecimiento "de excepcional interés público" y que le permite aprobar medidas que van, desde la actualización del logo de esta edición, hasta incentivos fiscales al mecenazgo y medidas para habilitar la contratación pública urgente.
Tal y como ha explicado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, los incentivos fiscales, que se extienden hasta el 31 de marzo de 2020, se han puesto en marcha para favorecer el mecenazgo por parte del sector privado, de acuerdo con la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que regula estos supuestos en acontecimientos de excepcional interés público.
En el texto, se recoge que estos beneficios serán "los máximos establecidos" en la ley del Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y remite a la citada Ley por lo que atañe a la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa.
En su intervención, durante la sesión de la Diputación Permanente, Ribera ha defendido este decreto ley alegando que, además de estas actuaciones, existe la necesidad de personal para la cumbre que no puede ser atendido con los recursos propios de la Administración. En todo caso, Ribera ha insistido en que el decreto ley no crea nuevos mecanismos de contratación ni modifica los preexistentes, sino que habilita el uso los procedimientos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.
La mayoría de grupos parlamentarios han votado a favor de la convalidación de este texto. EH Bildu, que se ha abstenido, y Vox que ha votado en contra, han sido las excepciones. Los de Santiago Abascal han argumentado su postura señalando que la celebración de esta cumbre no es de "extraordinario interés", sino que conllevará "graves riesgos" para el "interés general del país".
Participación de empresas contaminantes
Joan Baldoví de Compromís ha coincidido con Podemos en recriminar al Gobierno que en este encuentro del clima participen algunas de las empresas más contaminantes. El portavoz 'morado' en este debate, Txema Guijarro, ha señalado que no le interesan compromisos "puntuales" y "voluntarios" en materia de mecenazgo y ha pedido al Ejecutivo compromisos fiscales concretos y modificaciones legislativas energéticas para enfrentarse "al mayor desafío al que se ha enfrentado la especie humana en su historia".
También se ha mostrado favorable a acoger esta cumbre en Madrid el portavoz del PP en esta materia, Alberto Casero, y ha destacado la "importancia" de la COP25 como "última parada" para acordar cifras antes de empezar a aplicar el Acuerdo de París, que entra en vigor el próximo año.
Pero, a pesar del apoyo al decreto, Casero ha hecho un reproche a Ribera. El diputado ha recriminado a la ministra que no contara con los gobiernos autonómico y local de Madrid antes de tomar la decisión. Además, le ha pedido "transparencia" sobre todo el dinero público que se dedique a esta cumbre.
Desde Ciudadanos han celebrado la celebración de la COP25 en España como un "beneficio" para Madrid y España, aunque su portavoz, Marcos de Quinto, ha pedido al PSOE que no lo utilice de "comodín" partidista y le ha reclamado medidas concretas contra el cambio climático para poner en marcha en el país y cumplir con los compromisos internacionales.
Finalmente, la portavoz parlamentaria de JxCat, Laura Borràs, ha destacado la "ambición" de Ribera en sus objetivos medioambientales, pero ha criticado su falta de "búsqueda de sinergia" con otras administraciones que también tienen competencias relacionadas con el medio ambiente, como la Generalitat de Cataluña. Mientras, su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha lamentado que los últimos resultados oficiales hablen de un aumento de las emisiones hasta llegar al "máximo histórico" y se ha preguntado cuándo van a empezar los "estados poderosos" a "asumir responsabilidades".
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