El Consejo Constitucional francés, máximo órgano de interpretación de la Carta Magna, ha validado la ley de transición energética que marca los objetivos para la reducción de la cuota de energía nuclear en la producción de energía o en el consumo de energías fósiles, de la que el Constitucional censuró tres artículos.
La ley aspira a que las renovables alcancen una tasa bruta del 23% en 2020 y del 32% en 2030, frente al 13,7% de 2012, y a reducir el peso de la nuclear, que actualmente supone en torno al 75% de la electricidad de Francia, hasta el 50% en el horizonte de 2025.
Con ese mismo 2012 como año de referencia, busca limitar además el consumo energético total a la mitad para 2050 y rebajar en un 30% el uso de energías fósiles para 2030.
El Constitucional censuró el artículo sobre la renovación del parque inmobiliario residencial con reformas que aligeren el consumo energético de los edificios, al considerar que no se habían precisado de forma suficiente las condiciones.
Ese órgano vio contrario también el punto sobre acciones para disminuir los gases con efecto invernadero por parte de la gran distribución, y retocó por razones de procedimiento párrafos sobre despilfarro de alimentos en las grandes superficies, que les prohibían el derecho a tirar comida.
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