El despliegue de las energías renovables es una piedra angular para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, pero su coste para las arcas públicas está bajo la lupa en Francia. El Tribunal de Cuentas (Cour des Comptes) ha publicado un informe este martes en el que urge al Estado a reforzar el control y la transparencia sobre los mecanismos de apoyo al sector, tras detectar riesgos de sobre-remuneración y falta de previsibilidad presupuestaria.
Según el organismo fiscalizador, el apoyo a la producción de electricidad renovable y biometano ha supuesto un coste acumulado de 26.300 millones de euros entre 2016 y 2024. Esto se traduce en una carga anual media de 2.900 millones de euros, aunque la cifra es volátil. Los "sabios" de la calle Cambon advierten que, a finales de 2024, los compromisos financieros a largo plazo del Estado ya alcanzan los 87.000 millones de euros.
La misión Lévy-Tuot: En busca de la eficiencia
Este toque de atención coincide con un movimiento estratégico del Ejecutivo francés. El Gobierno encomendó en diciembre una misión especial a Jean-Bernard Lévy (ex-CEO de EDF) y a Jean-Philippe Tuot (miembro del Consejo de Estado) para auditar y optimizar los costes de la transición energética.
La denominada "misión Lévy-Tuot" tiene como objetivo identificar palancas de ahorro y asegurar que el apoyo público no se convierta en una carga insostenible. Mientras el Tribunal de Cuentas señala las deficiencias del pasado, Lévy y Tuot trabajan en el diseño de un marco futuro que equilibre la necesidad de inversión privada con la protección del presupuesto estatal, evitando que las primas sigan creciendo de forma descontrolada.
Un sistema condicionado por el mercado
La estructura de ayudas en Francia se divide principalmente en dos modalidades: los contratos de obligación de compra y los complementos de remuneración. Estos acuerdos, que suelen tener una duración de 20 años, garantizan precios superiores a los del mercado.
Si bien este esquema ha permitido al sector solar y al del biometano cumplir objetivos, el Tribunal subraya la volatilidad de la factura: en 2025 se prevé que el coste escale hasta los 7.300 millones de euros, frente a los 3.900 millones de 2024.
Riesgos de sobre-remuneración
El informe es especialmente crítico con la eficiencia del gasto. El Tribunal señala que el nivel de ayuda se fija a menudo con un conocimiento "insuficiente" de la economía real de las empresas. Esto genera un efecto de rentas caídas del cielo que la misión Lévy-Tuot deberá atajar mediante mecanismos de ajuste más ágiles.
Además, el organismo advierte sobre episodios de precios negativos, donde algunos contratos seguían incentivando la producción a pesar de que la oferta superaba con creces la demanda, obligando al sistema a pagar por una energía que el mercado no necesitaba.
Hacia un control más estricto
Ante este escenario, el Tribunal recomienda introducir cláusulas de revisión en los contratos y exige un refuerzo inmediato de las inspecciones para frenar sospechas de fraude.
Mientras organizaciones como Réseau Action Climat defienden que el debate debe incluir los beneficios sociales y los ingresos fiscales para los municipios, el mensaje de las instituciones es claro: con la misión Lévy-Tuot en marcha y el Tribunal de Cuentas vigilante, el Estado francés ya no está dispuesto a seguir "pagando a ciegas" por la transición verde.
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