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Estas líneas de actuación han quedado materializadas en las propuestas de modificación normativa publicadas por la Comisión Europea en el “Clean Energy Package” el 30 de noviembre de 2016, actualmente en discusión parlamentaria.

De este modo, la normativa comunitaria regula de forma clara y rotunda el derecho de los consumidores al autoconsumo colectivo, la figura del agregador de demanda y la necesidad de desarrollar códigos técnicos para el flujo de información derivada de la masiva instalación de equipos de medida inteligentes. Éstos, sin lugar a dudas, son también retos para el legislador y el regulador español, que entendemos deben ser impulsados por el gobierno español en su objetivo de alinearse con las políticas comunitarias.

Así, esta asociación propugna la necesidad de una verdadera transición hacia un modelo de autoconsumo real y accesible para el consumidor final, sin limitaciones ni obstáculos en el modo de hacer efectivo el mismo, lo que sin duda respalda la reciente Sentencia del Tribunal Supremo tras el conflicto positivo de competencia planteado por la Generalitat de Cataluña y el escaso éxito del registro de autoconsumidores.   Es por ello que se hace urgente y necesaria una revisión del Real Decreto de autoconsumo, no ya para reconfigurar el peaje de respaldo, sino también para suprimir barreras técnicas asociadas a la potencia de consumo y generación, y para garantizar el propio concepto del régimen de autoconsumo como un derecho y no como una obligación derivada de determinada configuración técnica en las infraestructuras de enlace.

En segundo lugar, España junto a Italia sigue, según un reciente informe de la Smart Energy Demand Coalition (SEDC), en el pelotón de cola a la hora de regular la figura del agregador de demanda, entendiendo como tal aquel agente que gestiona, en el mercado diario y de servicios de ajuste, la demanda de una cartera de clientes. Esta figura, permitiría por tanto una mejor gestión de la demanda de los consumidores, a la vez que podría ofrecer un precio más ajustado a sus propias necesidades. Sin embargo, dentro de las iniciativas para la transición energética que parece barajar el Ministerio se prevén esquemas de pagos por capacidad, en detrimento del desarrollo de mercados de capacidad en los que consumidores y agregadores pudieran participar libremente aportando reserva de capacidad al sistema en condiciones de no discriminación con los productores.

Finalmente, la gestión y el acceso a la información sigue siendo tema crítico para promover una verdadera gestión de la demanda. En la actualidad el acceso a los datos de los Equipos de medida inteligentes instalados se encuentra vetado a las comercializadoras, que no conocen los mismos, más que indirectamente, hasta 7 días después del momento de consumo. No consideramos adecuado ni cobra sentido que, siendo las empresas comercializadoras las que pueden realizar ofertas ajustadas a las necesidades de sus clientes, no tengan un acceso directo a la información de los equipos para proporcionar el mejor servicio a sus clientes. Existe por tanto una total imposibilidad para casar los intereses de los consumidores que desean hacer una gestión dinámica de su consumo y los de los agentes que pueden orientarles con antelación y en tiempo real. El camino hacia una estandarización de protocolos de comunicación en los contadores eléctricos, la liberalización de la tarea de lectura y la determinación de un repositorio centralizado de la medida, se imponen como retos para el futuro inmediato.

Algunas de estas medidas, aunque planteadas desde la Comisión Europea para el sector eléctrico, deben necesariamente ser extrapoladas al sector del gas natural. Los consumidores se decantan por productos duales con una gestión conjunta de sus necesidades energéticas. Relegar al gas natural en estos avances supone ignorar la visión de los consumidores, y agravar potenciales ineficacias en el mercado eléctrico derivadas de un mercado de gas mucho menos desarrollado.

ACIE, Asociación de Comercializadores Independientes de Energía que agrupa a comercializadores independientes de medio y pequeño tamaño en España desde su constitución en 1999, viene defendiendo gran parte de estos nuevos retos como motor para impulsar la competencia en nuestros sectores energéticos de electricidad y gas natural y se erige y ofrece como interlocutor frente a los distintos organismos con la finalidad de promover medidas exigidas ahora por Europa y necesarias y demandadas por un mercado que necesita distintos actores que medien y favorezcan las necesidades de los consumidores en el marco de un sector liberalizado.

En este sentido, desde hace unos meses, ACIE viene impulsando junto a las asociaciones asimilables de Alemania, Italia y Suecia, la creación de una asociación europea de comercializadores independientes, denominada European Energy Retailers (EER), que una vez constituida será presentada en Bruselas durante este otoño.

Joan Canela es presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE)

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