El decreto de la testosterona

La cumbre ha venido acompañada de todo tipo de informes y advertencias de los organismos más prestigiosos, gracias a los que se ha sabido que estamos viviendo los años más cálidos nunca registrados, que ello está directamente relacionado con una cantidad de gases de efecto invernadero acumulados en la atmósfera que alcanza el nivel mayor de los últimos 800.000 años, y que las emisiones producidas por el ser humano son también más altas que nunca, con lo que los datos anteriores no harán sino empeorar. La propia ONU advertía al comienzo de la cumbre que, sumando los compromisos presentados por cada país, apenas se alcanza a reducir un tercio de las emisiones necesarias para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

Pero también hemos visto gran cantidad de iniciativas en las que se aprecia que los principales actores del panorama mundial están reaccionando y que el fin de los combustibles fósiles no será por agotamiento sino por la decisión consciente de dejar de utilizarlos.

Por el lado empresarial, dos de las mayores compañías mundiales de reaseguros (las que aseguran a las aseguradoras), Swiss RE y Zurich Insurance, han acordado desinvertir completamente de compañías del sector carbón y además limitar severamente los seguros que prestan a esas empresas. En la misma dirección, el mayor banco australiano, Commonwealth Bank, ha anunciado que dejará de financiar proyectos de carbón.

En el sector público, el poderoso fondo soberano noruego (Fondo Noruego del Petróleo), así como el banco central de Noruega (Norges Bank) han pedido permiso a su gobierno para desinvertir de petróleo y gas (ya lo hicieron antes del carbón). El mismo gobierno que ha sido llevado a juicio por Greenpeace y otras entidades por abrir a la explotación petrolera nuevos yacimientos en el Ártico, algo que, según los denunciantes, viola el derecho al medio ambiente sano consagrado en la Constitución noruega.

Pero quizá uno de los movimientos que más revuelo ha causado ha sido el lanzamiento de una plataforma de 25 gobiernos de países, estados y ciudades, que junto a empresas y entidades no gubernamentales se comprometen a dejar de usar carbón. Algunos ya lo han abandonado y otros tienen compromisos de eliminación de aquí a 2030. La señal es clara.

¿Y en España? Nuestro país es una anomalía, pues es el único de Europa occidental que ni se ha planteado la discusión de acabar con el carbón. Y no porque la gente no quiera: según una encuesta presentada por Greenpeace, el cambio climático es ya la principal preocupación medioambiental de la sociedad.

Aquí también ha habido movimientos por el lado empresarial, quizá el más significativo haya sido el anuncio de Iberdrola de cerrar sus dos últimas centrales térmicas de carbón. Y muy importante, además, que lo haya hecho con el compromiso de mantenimiento del 100% del empleo, algo que responde al concepto de transición justa, del que se ha hablado mucho en Bonn.

A la vista de tantos movimientos, que por necesidad todos apuntan en la misma dirección del fin de los combustibles fósiles, lo lógico sería que el gobierno español aprovechase la circunstancia para recoger el testigo y presentar algún contenido de su prometida ley de cambio climático y transición energética.

Pero no. En lo que solo puede entenderse como un ataque de testosterona, el ministro Nadal ha reaccionado presentando un borrador de decreto que es una grave amenaza para el medio ambiente, no ya por la letra, sino por la finalidad que persigue, que el ministro ha dicho clara y repetidamente: impedir el cierre de centrales.

Será que como no ha ido a Bonn no se ha enterado de todo lo que acabo de contar, aunque bien se lo podría trasladar su compañera ministra Tejerina. El caso es que para Nadal en España no solo no se discute la posibilidad de abandono del carbón, sino que incluso cuando las empresas que lo queman han dicho que ya es hora de dejarlo, él está dispuesto a impedirlo cueste lo que cueste.

Los argumentos por los que el ministro promueve este decreto no se sostienen. Primero porque es totalmente innecesario, puesto que el procedimiento de cierre de centrales ya está regulado, y tiene ya en cuenta que en todo momento se mantenga la seguridad de suministro. Además, es ahora cuando menos se necesita restringir el proceso, puesto que España padece una lacerante sobrecapacidad que lastra los bolsillos de los consumidores, que hemos de pagar por el mantenimiento de centrales que no son necesarias, pues muchas de ellas pasan la mayor parte del tiempo paradas, ya que no hay demanda para que lleguen a funcionar.

El nuevo decreto añade criterios adicionales a los técnicos para poder autorizar el cierre de una central. Por un lado pone restricciones económicas absurdas, porque dice que un cierre no puede suponer incremento del precio de la electricidad, pero al mismo tiempo permite que se subvencione a las centrales para que no cierren, unas subvenciones que pagarán los mismos consumidores que supuestamente quería proteger. Esas subvenciones chocarían, por cierto, con las restricciones que impone la normativa europea, pero nuestro superministro ya está empleándose a fondo para bloquear todas los intentos de limitar esas subvenciones en las negociaciones del paquete normativo que se discute en Europa.

Por otro lado, el decreto vincula las autorizaciones de cierre a una planificación inexistente, lo que supone un grave riesgo de arbitrariedad. Pero en el fondo, lo que impulsa este decreto es dejar claro quién manda aquí. En este país, la política energética ha venido dictada, o condicionada, según los casos, por los intereses de las eléctricas. Y ahora que las eléctricas ven que el viejo modelo se les viene abajo y que tienen que ir saliendo de él antes de que sea más tarde, ahora que la necesidad obliga a las eléctricas a hacer lo que la sociedad y el medio ambiente necesita, es decir, cerrar centrales contaminantes, el ministro quiere demostrar que él es más poderoso y que es él quien tiene la última palabra.

Nos parece muy bien que sea el gobierno quien mande y no las eléctricas. Lo que debemos exigir es que mande guiado por el interés general, que sepa leer el signo de los tiempos y que alinee a nuestro país con la necesaria e inevitable transición energética hacia un sistema 100% renovable que nos evite el peor cambio climático.

Pero si las decisiones se van a tomar a golpe de testosterona, entonces le recomendaría que escuche lo que se ha dicho en Bonn sobre el enfoque de género, para que pueda abordar el problema con una mirada más humana, que nos beneficie a todos y a todas.

José Luis García Ortega es responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España.