El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha instado hoy al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a dilucidar a través de su mecanismo de atención de quejas si la inversión realizada en el proyecto de almacenamiento de gas Castor "era viable y segura".
El defensor del pueblo catalán ha mantenido esta mañana en Tortosa un encuentro con representantes del BEI, que financió el proyecto Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), con 500 millones de euros.
Según ha explicado Ribó, sin entrar a adelantar cuál será el dictamen final del BEI, de acuerdo con los informes de que dispone se puede concluir "de forma bastante clara" que ésta era "al menos" una "inversión muy arriesgada y por tanto posiblemente no propia de una institución pública como es la Comisión Europea".
Y, en segundo lugar, era una inversión" manifiestamente insegura", como lo demuestran, según Ribó, los terremotos que afectaron a Castellón y Tarragona y también la "falta de respeto o el desconocimiento de los estudios ambientales" y la "imposibilidad de explotación" del almacén.
El Síndic también ha explicado que mantiene contactos con la Comisión General de la Competencia de la Comisión Europa, que "está estudiando a fondo", a raíz de la denuncia de Cecot, Fepime, Centro Metalúrgico y el Consejo Intertextil Español, si la indemnización de 1.350 millones de euros (un total de 4.700 millones de euros una vez sumados los intereses) por el cese de la actividad del Castor "fue o no una ayuda de estado encubierta, en cuyo caso sería una infracción manifiesta y obligaría a su devolución".
Ribó también instará al Parlament catalán, en su informe anual, a actuar para que el Tribunal Supremo acabe juzgando el sobrecoste en los consumidores en la factura del gas para pagar la indemnización a Escal UGS, empresa que construyó el Castor, integrada en ACS.
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