El (des)Gobierno despilfarra seis millones al no amortizar deuda eléctrica con el superávit de 2014

Éramos pocos y parió la abuela. Si la legislatura del Gobierno del PP en materia energética se podría calificar de despropósito, lo es aún más en esta época de desgobierno. Estos tres meses de Gobierno en funciones es lo más parecido a unas vacaciones pagadas. La dejación de funciones por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo es de tal calibre que ha hecho saltar las alarmas en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Industria todavía (ya han pasado cuatro meses desde que se conoció el dato definitivo) no ha decidido a qué partida del déficit de tarifa eléctrico irán destinados los 550 millones de euros de superávit que arrojó el sistema eléctrico en 2014.

La Ley del Sector Eléctrico es muy clara: "Los superávit de ingresos que pudieran resultar de las liquidaciones del sistema eléctrico en cada ejercicio serán considerados ingresos liquidables del sistema del ejercicio en curso. Siempre que existan desajustes de años anteriores estos ingresos se destinarán a la reducción de las cantidades pendientes de devolución correspondientes a los mismos".

Por otra parte, la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 establece lo siguiente en su Disposición transitoria quinta sobre “Superávit de ingresos”: "Hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario del mecanismo de destino de la reducción de las cantidades pendientes de devolución correspondientes a los desajustes de años anteriores, los superávits de ingresos quedarán depositados en una cuenta específica del órgano encargado de las liquidaciones, sin que, en el ínterin, puedan ser aplicados a fin alguno".

Es decir, que la CNMC, encargada de realizar las liquidaciones del sistema eléctrico, tiene en la caja fuerte 550 millones de euros desde hace más de cuatro meses, sin saber qué tiene que hacer con ellos. Y todo por culpa del Ministerio de Industria que es el organismo que tiene que decidir qué parte del agujero eléctrico se debe tapar antes.

Teniendo en cuenta que este dinero tiene que ir a amortizar parte de los 25.000 millones de euros que todavía quedan de deuda eléctrica, el Gobierno está desaprovechando una oportunidad única para reducir costes a la tan pesada tarifa eléctrica española, donde todos los años van destinados más de 3.000 millones de ese agujero. Es decir, que los pagamos entre todos.

El Ministerio de Industria en vez de destinar el superávit, está haciendo perder mucho dinero a los españoles, encargados de pagar la deuda a través de la tarifa. Los 550 millones de euros generan unos costes al año de alrededor de 20 millones de euros, por lo que cada día se están desperdiciando más de 50.000 euros que se podrían destinar a otras partidas (como por ejemplo, paliar la pobreza energética). En total, Industria ha tirado a la basura seis millones de euros por no hacer sus funciones y cumplir con la ley. ¿A qué espera el Gobierno para actuar?

Lo único que tiene que decidir es a cuál de las cuatro categorías de derechos de cobro de la deuda del sistema eléctrico deben ir a parar los 550 millones. Puede decidir por el Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE), donde todavía quedan casi 20.000 millones por pagar, el Déficit de 2005, del que se deben 1.400 millones, el Déficit de 2013, cuyo importe supera los 3.100 millones o el Déficit Ex Ante, que es la categoría de menor importe con 693 millones de euros.

Para no pagar tantos costes financieros, lo normal es que eligiera el FADE que tiene un interés del 4% para este 2016.

Mejor contra tarifa

Realmente, el Gobierno sí ha utilizado ese dinero saltándose a la torera la normativa energética. Así, en agosto se inventó una reducción de los peajes hasta finales de 2015 que afectó en un 2% al recibo eléctrico. Y justo antes de las elecciones, extendió la norma a todo 2016 por lo que la factura de la luz caería un 1% todos los meses.

El Ministerio, en un claro ejercicio de poder, se escudó en los más que probables superávits del sistema eléctrico de 2014 y 2015 para llevar a cabo estas medidas partidistas y electoralistas, que no le sirvieron de mucho viendo los resultados electorales.

La luz no da gobiernos. El problema es que decisiones de este tipo en un futuro a corto y medio plazo se pueden dar la vuelta y la Justicia podría revocar estas decisiones realizadas por el Gobierno, convertirlas en ilegales, ya que no cumplen la Ley del Sector Eléctrico. Si así sucediera, se tendría que reajustar de nuevo la tarifa eléctrica y poner todos más dinero. Vaya desastre, señores.