El difícil consenso energético

Recientemente, leía en un libro (“Fact and Fiction in Global Energy Policy: Fifteen Contentious Questions”; escrito por Benjamin K. Sovacool, Marilyn A. Brown y Scott V. Valentine, y publicado por la Johns Hopkins University Press en Baltimore) la historia que a continuación les relato.

En 1975, tras el primer shock petrolero y una vez que la crisis energética desencadenada había sido controlada, la Academia de Ciencias de los EEUU se embarcó en un ambicioso proyecto con el objetivo de elaborar un “análisis detallado de todos los aspectos de la situación energética de la nación”. Para ello, con el fin de asegurar la más amplia participación de los agentes sociales interesados, se creó un comité interdisciplinario conocido como CONAES (Committee on Nuclear and Alternative Energy Systems). Este incluía entre sus miembros a expertos procedentes del mundo académico, organismos gubernamentales, compañías petroleras, empresas manufactureras, compañías eléctricas, bancos y despachos de juristas. Desde el punto de vista de las titulaciones la comisión contaba con ingenieros, físicos, geofísicos, economistas, sociólogos, ecólogos, un médico, un banquero y un abogado del Ministerio Publico. La idea era que, en el plazo de dos o tres años, el CONAES debía ser capaz de elaborar un informe de 150-200 páginas que recogiera recomendaciones, consensuadas entre los expertos, sobre que tecnologías debían recibir el apoyo del gobierno y cuales no.

Lamentablemente, el resultado fue poco más allá de una larga serie de reuniones interminables. Como señaló en 1978 Philip Handler, presidente de la Academia de Ciencias, “la primera reunión del CONAES fue notoria; la tensión era casi física; las sospechas evidentes; los nombres de pila apenas fueron utilizados; la polarización de los puntos de vista en relación a la energía nuclear explicita. Cuatro años más tarde, esta polarización persiste y muchas de las posiciones iniciales siguen siendo defendidas de forma rutinaria”.

Hacia 1981, la disputa y el desacuerdo habían hinchado el informe a 718 páginas. A pesar de las repetidas rondas de revisión externa, los expertos no fueron capaces de alcanzar un común denominador razonable. Finalmente los responsables del CONAES desistieron en su empeño y dieron a conocer un informe dividido en capítulos que recogían las visiones de las partes confrontadas, acompañadas de multitud de advertencias. Incluso, para lograr que los miembros del Comité rubricaran el informe, tuvo que adjuntarse un apéndice en el que los participantes podían exponer sus comentarios personales si es que deseaban clarificar o mostrar su oposición a lo expuesto en el texto principal.

El proceso de preparación del informe del CONAES constituye una muestra de las dificultades que afronta cualquier grupo que intente llegar a un acuerdo en temas energéticos. Harvey Brooks, presidente del citado comité, llegó a comentar que la tarea resultaba imposible, “al menos en el seno de un grupo que represente de forma honesta el amplio espectro de visiones actualmente defendidas en las comunidades académica, intelectual e industrial”. Por otra parte, lo acaecido sugiere que si algunos de los mejores y más brillantes expertos fueron incapaces de llegar a un acuerdo sobre el futuro energético de un solo país, a escala global el problema se amplifica.

Para los autores del libro del que he extraído esta historia, existen al menos seis motivos de disputa que realzan el complicado marco en el que se desarrollan los debates sobre temas energéticos: conflictos de intereses, rápidos cambios tecnológicos, incertidumbres, marginalización de algunas de las partes interesadas, diferencias de valores y arrogancia intelectual.

Sin duda, con este telón de fondo, uno no puede más que alegrase de que la Comisión de Expertos que asesora la “Ley de Cambio Climático y Transición Energética” de nuestro país haya sido capaz de finalizar con éxito la tarea encomendada.

Sin embargo aún no conviene echar las campanas al vuelo. En mi opinión, una vez logrado el consenso técnico, ahora se inicia otra etapa al menos igual de complicada: la andadura política. No es la primera vez que en nuestro país un grupo de expertos logra el tan ansiado y difícil consenso en materia energética al que nos hemos referido en estas líneas. Durante el periodo 2006-2009 tuve el placer de formar parte del Consejo Asesor sobre “Prospectiva Energética en España en el Horizonte del 2030”, auspiciado por la Secretaria General de la Energía del entonces Ministerio de Industria Turismo y Comercio. El trabajo entonces encomendado a los expertos también llegó a buen puerto, pero finalmente acabó olvidado en un cajón por discrepancias de algunos miembros relevantes del Gobierno sobre el papel asignado al futuro de la nuclear como energía de respaldo (eran tiempos del Presidente Rodriguez Zapatero). Tras el parón, han tenido que pasar ocho años para reemprender la tarea. Esperemos que esta vez la historia no se repita.

Mariano Marzo es catedrático de Recursos Energéticos en la Universidad de Barcelona y miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.