Cuatro ONG francesas, respaldadas por las firmas de más de dos millones de ciudadanos, llevan este jueves a juicio al Estado francés, al que quieren ver condenado porque consideran que está incumpliendo sus propios compromisos para hacer frente al cambio climático.
Este juicio inédito ante el Tribunal Administrativo de París pretende que "se reconozca la falta del Estado" con una condena de un euro simbólico por cada uno de los cuatro demandantes, explicó a Efe una portavoz de Greenpeace, uno de esos cuatro junto a Notre Affaire à tous, la Fundación Nicolas Hulot por la Naturaleza y el Hombre y Oxfam Francia.
Se trata de que esa instancia confirme que la Administración no está respetando algunos textos jurídicos en los que asumió compromisos para hacer frente al calentamiento global, en particular los Acuerdos de París y la Estrategia Nacional de Bajo Carbono sobre la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
La portavoz hizo hincapié en que el punto fundamental para ellos es que el Tribunal Administrativo considere que esos textos son jurídicamente vinculantes para el Estado, y que por tanto no se puede exonerar de respetarlos.
La iniciativa comenzó en diciembre de 2018 cuando las cuatro ONG enviaron una carta a varios ministros para criticar la inacción de la Administración y reclamar una reparación por los daños causados con esa actitud.
Ante el rechazo de esa demanda, en marzo de 2019 llevaron el procedimiento ante la Justicia con la presentación de un contencioso ante el Tribunal Administrativo de París, que puso en marcha una instrucción durante la que las partes han comunicado sus argumentos.
El Gobierno ha rechazado las acusaciones y subrayado que su ley sobre la energía y el clima de 2019 ha reforzado sus objetivos y se ha fijado como meta un descenso del 40 % del consumo de energías fósiles de aquí a 2030 y llegar a la neutralidad de carbono en 2050.
A la audiencia de hoy, en la que el ponente -una figura que representa en esa instancia el interés público- dará a conocer sus conclusiones y sus recomendaciones, seguirá la sentencia en aproximadamente dos semanas.
Si alguna de las partes no estuviera de acuerdo con esa decisión, podría acudir al Consejo de Estado, que ha dado signos de un giro en la jurisprudencia con dos dictámenes en julio y en noviembre pasados en los que instó al Estado a explicar su política de reducción de emisiones de CO2 y le dio un plazo para actuar contra la contaminación atmosférica bajo la amenaza de sanciones millonarias.
La portavoz de Greenpeace afirmó que son "muy optimistas" de cara al veredicto del Tribunal Administrativo de París, que en caso de ser favorable a sus posiciones "abrirá el camino a otras iniciativas".
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