La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) aceptó este miércoles la petición de Izquierda Unida de enviar una delegación parlamentaria para evaluar sobre el terreno los riesgos del proyecto de Gas Natural Fenosa para almacenar y extraer gas en el entorno del parque natural de Doñana.
La presidenta de esta comisión europarlamentaria, la sueca Cecilia Wikstrom, anunció que una comisión de eurodiputados visitará Doñana en el segundo semestre de este año para "examinar con sumo cuidado" todas las visiones sobre la cuestión y que seguirán "muy de cerca" todas las medidas que se tomen al respecto.
"Vamos a enviar una carta a la Comisión Europea (CE) para que nos aclare mejor lo expuesto hoy. También vamos a enviar cartas a la Junta de Andalucía, para conocer qué medidas está tomando y mostrar nuestra preocupación sobre el deterioro la zona en relación con los acuíferos, y al ministro de Medioambiente para abordar los riesgos sísmicos de proyecto", agregó Wikstrom.
El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía e impulsor de la petición, Antonio Maíllo, se mostró "muy satisfecho" por la decisión de los eurodiputados de enviar una delegación que permitirá a los eurodiputados, según afirmó, "ver y reconocer" los peligros del proyecto.
"Conseguir que haya un compromiso para que una misión de investigación del Parlamento Europeo (PE) visite Doñana es una magnífica noticia para los que creemos que, cuando conozcan 'in situ' los peligros que atañen este proyecto, se acelerarán los pasos para paralizarlo", afirmó en declaraciones a los medios.
Gas Natural ejecuta desde septiembre de 2016 el proyecto de "Marismas Occidental" en Almonte (Huelva), una de las cuatro partes en las que está dividido su plan para el entorno de Doñana, y que ha suscitado críticas desde distintos partidos políticos y asociaciones ecologistas.
Los críticos del proyecto piden al Gobierno que paralice cautelarmente los trabajos y realice una Declaración de Impacto Ambiental conjunta de las cuatro partes del proyecto frente a la individualizada de cada una con la que se cuenta ahora.
"El subsuelo de Doñana no entiende de fragmentaciones, ni trámites administrativos, ni de zonas más o menos amenazadas. Todas están interrelacionadas", advirtió Maíllo en este sentido.
Por su parte, el representante de la CE, Daniel Fernández Gómez, afirmó durante su intervención en la comisión que los resultados de la investigación del ejecutivo comunitario no revelaron "ninguna infracción de las normas europeas".
"La legislación europea no exige una evaluación conjunta para todos los proyectos", agregó.
El funcionario de la CE afirmó que los cuatro planes de Gas Natural en la zona recibieron una evaluación de impacto medioambiental "favorable", aunque reconoció que los procedimientos de dichas evaluaciones han sido criticados por su calidad y metodología.
"Ante esta situación, la CE considera que el mecanismo más adecuado es acudir a los tribunales de cada Estado. La CE no puede hacer más de lo hecho hasta ahora", concluyó.
La postura del ejecutivo comunitario fue criticada por todos los eurodiputados presentes excepto por el representante del grupo Popular, Carlos Iturgaiz, quien defendió que el Gobierno ha cumplido los trámites establecidos.
"No les tiene que sorprender lo expuesto por la CE. El ministerio ha cumplido con su labor y ha tramitado las declaraciones de impacto ambiental establecidas en las directivas estatales y comunitarias", afirmó.
En cambio, para la eurodiputada socialista Soledad Cabezón la CE "tiene que ejercer sus funciones y paralizar el proyecto en base a sus competencias medioambientales", mientras que Florent Marcellesi, de los Verdes, tildó la postura comunitaria como "vergonzosa".
"Quien tiene que actuar realmente es la CE de oficio porque son ellos los que tienen que hacer cumplir los tratados y las leyes europeas a nivel local, no los tribunales nacionales", manifestó a Efe.
Mientras se aclara la postura europea al respecto, las obras del proyecto, declarado de utilidad pública, continúan.
Gas Natural sostiene que la iniciativa es compatible con las actividades desarrolladas en la comarca y que no consolida actividad industrial alguna.
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