El Ministerio Fiscal solicita penas de ocho años de prisión para el empresario minero Victorino Alonso y el jefe de explotación del pozo Nueva Julia, en Cabrillanes (León) así como una multa de 30 millones de euros, como presuntos autores de un delito continuado contra los recursos naturales.
El delito afecta a dos explotaciones propiedad de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y con anterioridad de Coto Minero Cantábrico, La Mora y Nueva Julia, ambas explotaciones en el Alto Sil.
El informe de la Fiscalía, según han precisado a Efe fuentes judiciales, señala que se han producido daños "muy graves" contra el medio natural en esa zona de explotación y no se ha procedido a su restauración, pese a los requerimientos de la Junta o incluso a la multa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le puso a España por esas explotaciones.
Añade que esa zona es de especial protección al tratarse de una Reserva de la Biosfera con especies en peligro de extinción como el oso o el urogallo.
Los daños producidos son numerosos, según la Fiscalía y van desde la contaminación de las aguas hasta el daño en árboles y brezos a lo largo de las casi 20 hectáreas de las explotaciones.
A ello se suma la falta de licencias de apertura e incluso de declaraciones de impacto ambiental, por lo que Fiscalía ha dado cuenta para la apertura de juicio oral en la Audiencia Nacional.
Suma a las penas de cárcel y multa la imposibilidad de ambos acusados de estar al frente de empresas de extracción de minerales y el coste de la restauración.
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