El fraude de los carburantes supone más del 25% de las ventas del sector de los combustibles en España

El fraude en el sector de los carburantes está alcanzando niveles alarmantes en España, suponiendo más del 25% de las ventas del sector de combustibles. Se estima que este problema afecta a alrededor del 10% de las estaciones de servicio en el país, lo que significa que unas 1.200 de las 12.000 gasolineras que operan en el territorio español estarían ofreciendo combustibles más baratos gracias a prácticas fraudulentas. Así lo ha señalado Olvido Moraleda, presidenta de BP España, durante su intervención en el IX Foro de Energía de El Economista este jueves.

Moraleda explicó que el fraude permite a estas gasolineras reducir sus precios, ya que sus proveedores eluden el pago del IVA y no cumplen con las obligaciones de incorporar biocombustibles, que son más costosos que los combustibles convencionales. Esta situación crea una distorsión en la competitividad del mercado y afecta negativamente a las compañías que cumplen con todas las normativas legales.

La presidenta de BP España subrayó que el sector del refino está fuertemente impactado por los impuestos, señalando que más del 80% de lo que los consumidores pagan por carburante corresponde a impuestos, mientras que sólo el 20% restante refleja el costo de la materia prima y su transformación. En este contexto, los operadores que evitan pagar el IVA, incumplen con las cuotas de biocombustibles o eluden los pagos a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) obtienen una ventaja competitiva injusta.

Impacto

El impacto de este fraude no sólo se limita a una disminución en la recaudación fiscal, que Moraleda estima en unos 1.000 millones de euros anuales, sino que también genera una competencia desleal dentro del sector. "Sin unas reglas del juego claras, no podemos competir", advirtió la presidenta de BP España, quien también resaltó que si no se actúa pronto para frenar este fraude, las inversiones de las grandes compañías en el país podrían verse seriamente afectadas.

Moraleda también apuntó que, aunque el Gobierno comprende la necesidad de actuar, el sector esperaba la aprobación de una normativa específica antes del verano para combatir este problema, lo cual no ha ocurrido. Sin embargo, insistió en que se trata de un asunto prioritario que debe abordarse cuanto antes.

Amenaza para la seguridad nacional

Durante el foro, Maarten Wetselaar, consejero delegado de Cepsa, calificó el fraude en los carburantes como un tipo de "crimen organizado" que está infiltrándose en un sector estratégico para España. Además, advirtió que los beneficios que obtienen estas organizaciones podrían emplearse para expandirse a otros sectores de la economía. Wetselaar puso como ejemplo a Italia, donde se ha comenzado a cobrar el IVA a los operadores en el momento en que sacan el producto de los depósitos para venderlo a las estaciones de servicio, una medida que, según el ejecutivo, ha tenido éxito y debería implementarse en España de manera inmediata.

Por su parte, Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, elevó aún más el nivel de preocupación al señalar que el fraude en los carburantes no es sólo un problema económico, sino también una cuestión de "seguridad nacional". Imaz destacó que con los fondos que se pierden cada año por este fraude masivo y organizado en el IVA, se podrían construir diez hospitales anualmente.