El fraude en el sector de los carburantes está alcanzando niveles alarmantes en España, suponiendo más del 25% de las ventas del sector de combustibles. Se estima que este problema afecta a alrededor del 10% de las estaciones de servicio en el país, lo que significa que unas 1.200 de las 12.000 gasolineras que operan en el territorio español estarían ofreciendo combustibles más baratos gracias a prácticas fraudulentas. Así lo ha señalado Olvido Moraleda, presidenta de BP España, durante su intervención en el IX Foro de Energía de El Economista este jueves.
Moraleda explicó que el fraude permite a estas gasolineras reducir sus precios, ya que sus proveedores eluden el pago del IVA y no cumplen con las obligaciones de incorporar biocombustibles, que son más costosos que los combustibles convencionales. Esta situación crea una distorsión en la competitividad del mercado y afecta negativamente a las compañías que cumplen con todas las normativas legales.
La presidenta de BP España subrayó que el sector del refino está fuertemente impactado por los impuestos, señalando que más del 80% de lo que los consumidores pagan por carburante corresponde a impuestos, mientras que sólo el 20% restante refleja el costo de la materia prima y su transformación. En este contexto, los operadores que evitan pagar el IVA, incumplen con las cuotas de biocombustibles o eluden los pagos a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) obtienen una ventaja competitiva injusta.
Impacto
El impacto de este fraude no sólo se limita a una disminución en la recaudación fiscal, que Moraleda estima en unos 1.000 millones de euros anuales, sino que también genera una competencia desleal dentro del sector. "Sin unas reglas del juego claras, no podemos competir", advirtió la presidenta de BP España, quien también resaltó que si no se actúa pronto para frenar este fraude, las inversiones de las grandes compañías en el país podrían verse seriamente afectadas.
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