El futuro energético de México da un giro radical

El sector energético mexicano está experimentando una transformación drástica, anunciada en el 87.º aniversario de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. “Estas nuevas leyes secundarias modificarán sustancialmente el rumbo trazado por las reformas energéticas de 2013, que abrieron la industria a la inversión privada y extranjera”, dice W. Schreiner Parker, director general para América Latina de Rystad Energy.

El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto prometió que la incorporación de empresas privadas a la producción de petróleo, gas y electricidad modernizaría la infraestructura, reduciría costos y aumentaría la eficiencia. Sin embargo, este enfoque de libre mercado chocó con la visión nacionalista de su sucesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien consideraba la intervención extranjera una amenaza a la soberanía de México.

Las nuevas leyes devuelven la energía a manos del Estado

Bajo la actual presidencia de Claudia Sheinbaum, México está consolidando el legado de AMLO con nuevas leyes secundarias que devuelven la energía a manos del Estado. Estas reformas fortalecen significativamente a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con las que el gobierno espera transformar la industria e impulsar el crecimiento económico.

El cambio más significativo es el regreso del dominio estatal en la producción y distribución de energía. “A Pemex, la gigante petrolera estatal, se le ha otorgado un mayor control sobre las empresas conjuntas, lo que aparentemente facilita la asociación con empresas privadas, manteniendo al mismo tiempo el poder de decisión en manos del gobierno. Mientras tanto, se ha reforzado el papel de la CFE en la generación de electricidad, con nuevas normas que garantizan que al menos el 54% de la electricidad de México provenga de la empresa eléctrica estatal, independientemente de la competencia en el mercado”.

En su opinión, resulta aún más controvertido, que la electricidad de productores privados, incluyendo aquellos que utilizan energías renovables, ahora ocupe un segundo lugar, lo que significa que el gobierno prioriza el suministro de energía de la CFE sobre alternativas más limpias y económicas. Estos cambios desmantelan el competitivo mercado energético creado en 2013, garantizando que el Estado mantenga el control, cueste lo que cueste.

Un aspecto clave —y polémico— de las reformas es la eliminación de los reguladores independientes, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). “Estos organismos se crearon inicialmente para garantizar la competencia justa y la transparencia, actuando como organismos de control que podrían mantener bajo control a los actores energéticos estatales y privados”, añade.

Interferencia política

Ahora, los ministerios del gobierno absorberán sus responsabilidades, lo que, según advierten los críticos, podría aumentar la corrupción y la ineficiencia. El gobierno afirma que esta medida reduce costos y agiliza la toma de decisiones, pero los escépticos temen que elimine la supervisión crucial y haga que la política energética sea más vulnerable a la interferencia política.

Uno de los aspectos más intrigantes de estas reformas es su enfoque hacia las energías renovables. A diferencia de AMLO, quien ignoró en gran medida las energías limpias en favor del petróleo y el gas, la presidenta Sheinbaum se presenta como ambientalista y busca que México amplíe su capacidad eólica, solar e hidroeléctrica. Sin embargo, bajo estas nuevas leyes, la CFE, y no las empresas privadas, liderará esta transición. Si bien esto mantiene el control estatal, podría frenar la innovación y la inversión, ya que las empresas privadas de energías renovables ahora enfrentan regulaciones inciertas y menores incentivos. México tiene un vasto potencial para las energías renovables, pero aún no está claro si estas políticas contribuirán o dificultarán su progreso hacia un futuro sostenible.

La verdadera pregunta es si estas reformas beneficiarán a México a largo plazo. Por un lado, el gobierno argumenta que restaurar el control estatal protege los recursos de México de la explotación extranjera y garantiza que las ganancias beneficien a los ciudadanos mexicanos. Por otro lado, observadores externos señalan que eliminar la competencia y la transparencia podría generar ineficiencias, aumento de costos y un suministro energético inestable.

Los inversores ya se muestran cautelosos, y algunos reconsideran su presencia en México debido al impredecible entorno regulatorio. “El éxito o la dificultad de esta audaz transición energética dependerá de la eficacia con la que el gobierno gestione las empresas estatales, la demanda energética y la transición a las energías renovables. Una cosa está clara: el futuro energético de México ha dado un giro radical, y el mundo está observando”, concluye W. Schreiner Parker.