El Gobierno amplía hasta 2028 los plazos de ejecución de los proyectos ganadores de las ayudas de los PRTR

El Gobierno ha decidido ampliar hasta el 31 de diciembre de 2028 el plazo de ejecución de los proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Con esta medida, el Ejecutivo busca garantizar que España aproveche al máximo los fondos NextGenerationEU y facilitar que los proyectos puedan completarse con éxito.

La ampliación se recoge en una nueva orden ministerial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), actualmente en audiencia pública, que modifica las bases reguladoras de numerosos programas de ayudas ligados al PRTR.

Con la nueva norma, los beneficiarios dispondrán de más tiempo para finalizar sus inversiones y superar los trámites administrativos necesarios. El cambio afecta a programas de ayudas en ámbitos como energías renovables, almacenamiento energético, biogás, redes de calor y frío, comunidades energéticas, energías marinas o proyectos de innovación y nuevos modelos de negocio en la transición energética.

El nuevo horizonte de 2028 da aire a muchos proyectos que, por su complejidad técnica o administrativa, no podrían completarse en los plazos iniciales. En algunos casos concretos —como los programas de repotenciación eólica o renovables marinas— el límite podrá extenderse hasta 2030, según el tipo de actuación.

Orientaciones de la Comisión Europea

Esta modificación responde a las orientaciones de la Comisión Europea recogidas en su comunicación “NextGenerationEU – Camino a 2026”, que propone fórmulas más flexibles para asegurar la plena utilización de los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

De acuerdo con la Comisión, se considerará cumplida la ejecución de los programas si antes de agosto de 2026 están publicadas las convocatorias, concedidas las ayudas y comprometidos los fondos, aunque la ejecución material de los proyectos se extienda más allá de esa fecha.

Por ello, la nueva orden ministerial adapta las bases reguladoras existentes a este esquema europeo, asegurando que España pueda seguir recibiendo y utilizando los fondos conforme a las reglas comunitarias.

La norma también actualiza las bases de los programas para ajustarlas al Reglamento (UE) 2023/1315, que modifica el Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC). Este cambio es necesario para mantener la compatibilidad de las ayudas estatales con el mercado interior de la UE y reforzar la seguridad jurídica de los beneficiarios.

Mejoras técnicas y aclaraciones

Además, la orden introduce mejoras técnicas y aclaraciones en aspectos como la documentación exigida, los requisitos de participación o los criterios de valoración, con el fin de simplificar la gestión y hacer más ágil la tramitación de las ayudas.

Según el texto, los presupuestos destinados a ayudas deberán estar comprometidos antes del 31 de agosto de 2026, conforme a la Decisión de Ejecución del Consejo de la Unión Europea sobre el plan español. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) será el organismo encargado de supervisar los programas y presentar informes semestrales sobre su evolución.

La decisión ha sido bien recibida por el sector energético. Desde la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento (Aepibal) valoran la medida como “una excelente noticia” para los proyectos de I+D y almacenamiento. “Con los nuevos plazos será más fácil completar los procesos de permisos y licencias”, señalan, aunque reclaman una mayor claridad regulatoria en aspectos como la declaración de utilidad pública o la normativa urbanística.