El Gobierno de Aragón solicita personarse en el caso Forestalia y revisará toda la documentación del INAGA

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón en funciones han solicitado al juez Juan José Cortés, titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Teruel, que investiga el caso 'Forestalia', su personación como perjudicado en esta causa para después convertirse en acusación particular y también emprender acciones legales civiles o penales.

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico en funciones, Mar Vaquero. También revisará toda la documentación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).

El Gobierno de Aragón quiere personarse "para defender los intereses de Aragón, de todos los aragoneses, ante situaciones que se puedan llevar a cabo por esta empresa y que nos conviertan en víctimas con la colaboración de esos altos cargos de Gobiernos socialistas" de España y Aragón.

"Lo que quiere el Gobierno de Aragón es que las cosas se hagan bien y que el INAGA no sea un instrumento para favorecer o apoyar conductas corruptas, que sea un organismo que facilite la actividad económica, el control medioambiental y el cumplimiento de la legislación".

"Son hechos muy graves", ha afirmado Mar Vaquero, en referencia al asunto que investigan la Guardia Civil y el Juzgado número 1 de la capital turolense, en relación a la evaluación ambiental de proyectos de energías renovables promovidos por Forestalia "durante la etapa del Gobierno socialista anterior", ha recalcado, haciendo hincapié en que "el foco" está en el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y podría extenderse al Ejecutivo regional anterior al de Jorge Azcón, dirigido por el PSOE, añadiendo que también podría guardar relación con otros casos de corrupción ya judicializados como los de Koldo, Ábalos y Cerdán.

Información

La personación en la causa judicial permitirá al Gobierno de Aragón tener información sobre todos los documentos que se van a examinar y conocer el estado del procedimiento judicial en cada momento.

Mar Vaquero ha dejado clara la "colaboración" del equipo de Jorge Azcón con la autoridad judicial y la Guardia Civil "para facilitar cualquier tipo de información", tras lo que ha recordado que Azcón ya anunció su intención de poner en marcha una comisión de investigación en las Cortes de Aragón y de revisar "todos y cada uno de los documentos que existan en cualquier organismo y que puedan tener relación con estos hechos".

La vicepresidenta ha hecho notar que el Gobierno de Aragón "no ha tenido participación en la tramitación" del proyecto del Clúster del Maestrazgo, también sometido a investigación judicial, indicando que el Ejecutivo regional está a la espera de que la Justicia resuelva el caso y ha manifestado su "total respeto" a las decisiones judiciales.

"Es muy importante respetar los tiempos de trabajo de la Justicia y la Policía", que están realizando "un exquisito trabajo", destacando la "credibilidad" de sus investigaciones, ha continuado Vaquero, quien ha reclamado "control, transparencia y seguridad jurídica" en todo lo que tenga que ver con los proyectos de energías renovables.

Recomendaciones

El Gobierno autonómico está "alineado" con las recomendaciones de la Cámara de Cuentas sobre esta materia, ha dicho Vaquero, quien ha apuntado que Azcón anunció en la campaña electoral su intención de "reformar todos los mecanismos de control, transparencia y seguridad jurídica del INAGA" y que fue el PP quien en campaña "denunció prácticas irregulares en la tramitación de proyectos de renovables".

También ha dicho que Azcón cambió la dirección del INAGA, reforzó los recursos personales y rechazó la "purga de funcionarios que se negaban a participar en ciertas prácticas". La DGA ha remitido a la Cámara de Cuentas toda la documentación del INAGA que le ha requerido en relación a este caso, aunque ha habido dificultades por la incompatibilidad de los sistemas informáticos.

Sobre la reconversión del INAGA en Dirección General del Gobierno de Aragón, como ha planteado algún grupo ecologista, ha considerado que el INAGA debe ser "útil" para impulsar la actividad económica, para impulsar el control medioambiental y para trabajar con "rigor, transparencia y seguridad jurídica, independientemente de que sea un organismo autonómico o una Dirección General", tras lo que ha elogiado a los "auténticos profesionales" del INAGA, lamentando la "tensión" que están viviendo.