Política energética

El Gobierno aprueba ayudas por 12,9 millones para proyectos empresariales en zonas mineras del carbón

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El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha autorizado al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC) la convocatoria de ayudas por un importe de 12,9 millones de euros dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras para el ejercicio 2018.

El fin de las ayudas es paliar las consecuencias sociales y económicas del cierre de las minas en las comarcas mineras del carbón, incentivando el empleo e impulsando la ampliación y la diversificación de las actividades de las empresas existentes y apoyando la creación de nuevas compañías, informó el Ministerio para la Transición Ecológica en un comunicado.

En concreto, se trata de ayudas de apoyo a la inversión, su ámbito es regional y su régimen es el de concurrencia competitiva. Además, permite priorizar los proyectos en función del interés para la zona en la que se vayan a desarrollar y sus necesidades específicas.

El Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018 fue suscrito el 1 de octubre de 2013 por el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con los sindicatos FITAG-UGT, CCOO y USO y la patronal empresarial, Carbunión.

En los últimos meses, el Gobierno ha trabajado con intensidad para agilizar las diferentes ayudas vinculadas al marco.

Plan social y ayudas para una Transición Justa

A este respecto, en próximas fechas, el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto que recoge el plan social para trabajadores mineros y las ayudas contempladas en el acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, firmado el 24 de octubre entre el Gobierno y el sector de la minería del carbón.

El acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores de las empresas mineras que deban cerrar en cumplimiento de la normativa comunitaria y una inversión de 250 millones de euros en el periodo 2019-2027 al apoyo de iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras afectadas.

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