El Gobierno ha aprobado un cheque de 90 euros de media por hogar a partir de diciembre para cubrir las necesidades de calefacción de los consumidores vulnerables que ya se acogen al llamado bono social térmico durante este invierno.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha detallado el nuevo decreto ley aprobado para contener los efectos que el alza de los precios energéticos está causando en consumidores y empresas.
Se trata de un cheque adicional a las ayudas que ya reciben estos consumidores vulnerables por medio del bono social térmico, ante la subida de la electricidad y del gas que se lleva registrando desde hace meses.
Ribera ha señalado que el cheque estará disponible a partir de diciembre y que a tal fin, el departamento que encabeza liberará las partidas económicas necesarias que serán distribuidas a las comunidades autónomas para el abono de esta ayuda.
"Es un pago único destinado a las personas que se benefician del bono social y que también tienen derecho al bono social térmico. Como este bono lo gestionan las comunidades autónomas, desde el Ministerio se hará una transferencia a todas las comunidades para que activen el sistema de pago único. Por eso tardará unas semanas, pero estará disponible antes de final de año", ha aclarado.
En una comunicación posterior, el Ejecutivo explica que ha incrementado la cantidad mínima de las ayudas del bono térmico a 35 euros, por lo que esta cifra será el mínimo importe del cheque. En las zonas frías, el importe será superior que en las cálidas.
Así, la media nacional será de 90 euros por consumidor vulnerable, aunque la cantidad podría ascender a 124 euros, dependiendo de las circunstancias. Con esta ampliación, el presupuesto destinado al bono término ha pasado de 100 millones a 202,5 millones de euros, duplicando el importe anterior.
DESCUENTO EN EL BONO ELÉCTRICO
Asimismo, el Gobierno ha aumentado los descuentos que ya se aplican al bono social eléctrico y al que se acogen 1,2 millones de hogares. Los descuentos pasarán ahora del 25% al 60% de forma general y del 40% al 70% para los casos severos.
La ministra ha explicado que este nuevo decreto tiene una triple finalidad: impulsar la protección a los consumidores vulnerables, incrementar la transparencia de los mercados eléctricos y gasistas y favorecer la estabilidad de los consumidores industriales.
En el ámbito de la protección a los consumidores, además del nuevo cheque de 90 euros y el aumento de los descuentos, el Gobierno ha vuelto a prorrogar el escudo social hasta el 31 de marzo, por lo que quedarán prohibidos los costes de los suministros básicos, medida que se aprobó por primera vez en el primer estado de alarma.
CASOS EXENTOS DE MINORACIÓN
Respecto a la transparencia, Ribera ha insistido en que la minoración a las compañías eléctricas solo se aplicará en caso de que una empresa o tecnología se haya beneficiado de la subida del precio del gas. "Los que no lo hayan incorporado, no entran dentro de la minoración", ha señalado.
Asimismo, ha detallado que están exentos de esta minoración los contratos a plazo fijo firmados con anterioridad al 16 de septiembre, momento en el que se aprobó el real decreto de minoración, así como los que introduzcan ampliaciones de cobertura con precio fijo.
Por el contrario, la parte de los contratos que quede indexada a los mercados sí entrará dentro del perímetro a partir del cual se aplicará la minoración por beneficiarse de los beneficios extraordinarios vinculados al precio del gas, siempre de forma proporcional.
De esta forma, la ministra ha informado que las comercializadoras de electricidad y de gas natural tendrán que reportar, con un mes de antelación, cualquier modificación en los contratos y remitir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una información transparente y actualizada de las ofertas disponibles.
También entrarán en vigor nuevas obligaciones de información en el mercado mayorista con el objetivo de reforzar la capacidad de supervisión sobre los mecanismos de formación de precios, tanto en contratos intragrupo como con terceros, incluida la cobertura financiera.
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