El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo Real Decreto con el objetivo de reforzar la resiliencia, la robustez y la estabilidad del sistema eléctrico español. La norma, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), introduce medidas destinadas a mejorar la supervisión y el control del sistema, a fomentar el almacenamiento de energía y a acelerar la electrificación de la economía.
El texto recupera parte de las disposiciones del anterior Real Decreto-ley 7/2025 y se enmarca en la estrategia de transición ecológica del Gobierno, que busca aprovechar las oportunidades asociadas a la descarbonización y al despliegue de las energías renovables.
Supervisión
Entre las principales medidas, el decreto refuerza las funciones de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que deberá publicar trimestralmente un informe sobre el control de tensión de los agentes eléctricos. Además, el regulador realizará un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición del suministro cada tres años.
El Operador del Sistema, Red Eléctrica, tendrá que elaborar propuestas técnicas sobre la gestión de oscilaciones de potencia, la velocidad de variación de tensiones o la coordinación entre los planes de desarrollo de la red de transporte y distribución. Estas propuestas deberán presentarse en un plazo de entre tres y seis meses, y las reformas normativas derivadas se analizarán y aprobarán en un periodo inferior a seis meses.
Almacenamiento y nuevas conexiones industriales
La nueva norma facilita la integración del almacenamiento energético en el sistema, un elemento clave para alcanzar los 22,5 gigavatios (GW) de capacidad previstos para 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030. Para ello, se priorizan las hibridaciones entre módulos de almacenamiento y plantas de generación situadas en terrenos ya ocupados, lo que simplificará los trámites administrativos.
Asimismo, el decreto promueve la conexión a las redes de nuevas actividades económicas, especialmente industriales, al establecer que los derechos de acceso y conexión para demanda caducarán a los cinco años si no se utilizan. Esta medida busca evitar el acaparamiento y la especulación. Las solicitudes deberán incluir el código CNAE de la actividad que se desarrollará, garantizando que coincida con la registrada en el contrato final de acceso.
También se agilizan los plazos de respuesta de las distribuidoras para conectar nuevas demandas eléctricas, como los puntos de recarga de vehículos eléctricos. En zonas urbanizadas, los tiempos oscilarán entre cinco y ochenta días, dependiendo de si es necesario ampliar la red o construir centros de transformación.
Repotenciación
El decreto incorpora la definición europea de repotenciación —la renovación de instalaciones con nuevas tecnologías— y prevé la elaboración, en un plazo de nueve meses, de una Hoja de Ruta nacional para dinamizar este proceso. El documento fijará objetivos estratégicos y medidas técnicas, regulatorias y financieras que incentiven la sustitución de equipos antiguos y aumenten la eficiencia energética.
Por último, se desarrolla el régimen de autorización de plataformas de I+D+i destinadas a probar prototipos de generación y almacenamiento, simplificando los trámites para la conexión y desconexión de equipos. Además, se unifica la regulación sobre las autorizaciones de puesta en servicio de instalaciones, con el fin de facilitar la coordinación cuando varias comparten infraestructuras de evacuación.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios