El Gobierno ha estimado que la modificación de la tasa de retribución financiera para la actividad de producción de electricidad en los territorios no peninsulares reducirá los costes fijos en unos 14,5 millones de euros durante dos años.
Así lo detalla el Ministerio para la Transición Ecológica en la memoria del análisis del impacto normativo, después de que el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobase un real decreto ley en el que establece la nueva retribución a la producción de energía.
En concreto, el texto cifra la reducción de los costes fijos en unos 7,5 millones de euros para el primer año y en alrededor de 7 millones para el segundo año del periodo regulatorio para los territorios no peninsulares, como consecuencia de la reducción de la retribución del 6,503% otorgada en los últimos cinco años a la nueva del 5,58% entre 2020 y 2025.
Debido a que el coste extra asociado a la actividad de producción en estos territorios se financia en un 50% con cargo al sistema y en un 50% con cargo a las partidas presupuestarias recogidas en las leyes anuales de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), estos ahorros repercutirán a partes iguales en el sistema eléctrico y en las cuentas públicas.
Asimismo, dado que estas retribuciones se financian a través de los peajes y cargos que figuran en el recibo de la luz, el Ministerio considera que este cambio normativo supondrá un ahorro para el consumidor de electricidad.
Respecto al ofrecimiento del Ejecutivo de mantener la anterior rentabilidad hasta 2031 para las instalaciones de renovables afectadas por el recorte aplicado en 2013, a cambio de que los inversores (fundamentalmente fondos extranjeros) renuncien a los procesos judiciales o arbitrales en marcha, recogido en la disposición final segunda, la memoria cifra en 9.600 millones de euros el importe total reclamado en todos estos procesos.
A su vez, la disposición adicional única de la norma ha ampliado el plazo de aprobación de la orden ministerial hasta el 29 de febrero de 2020, debido a las circunstancias excepcionales derivadas de la situación prolongada de Gobierno en funciones, lo que ha impedido completar la tramitación necesaria antes de que comience el año 2020, que es cuando inicia el próximo periodo regulatorio.