El Gobierno incorporará tres nuevos mecanismos, compatibles con las directrices de la UE, con el fin de abaratar la factura eléctrica de la gran industria electrointensiva, aunque se eliminarán las reducciones de los mecanismos que se contemplaban de pagos por interrumpibilidad y pagos por capacidad.
En concreto, el objetivo del Ejecutivo, al que la situación en funciones ha impedido aprobar todavía el pendiente Estatuto de Consumidores Electrointensivos, es introducir los mecanismos de compensación de los costes de financiación de apoyo para la electricidad procedente de fuentes renovables y el de energía producida por instalaciones de cogeneración eficiente.
Asimismo, se incluye el mecanismo de compensación de los costes de la financiación de los extracostes de los territorios extrapeninsulares, que se financian un 50% a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el otro 50% a través de cargos en los peajes -factura-.
Según consta en una respuesta del Gobierno a una pregunta del grupo Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo ha mantenido reuniones informales con la Dirección General de Competencia (COMP) de la Comisión Europea, en la que se le ha señalado que los mecanismos que se contemplaban "no serían compatibles con las directrices de la UE", ya que en ellas "no existe nada de compensación por mecanismos de capacidad", lo que plantearía problemas y llevaría a abrir un procedimiento formal.
De hecho, en su respuesta, el Ejecutivo señala que el organismo europeo sugirió que se aplique la compensación de apoyo a las renovables en los términos que establece la normativa europea.
No obstante, el Ejecutivo subraya que estos tres nuevos mecanismos que se prevén incluir requieren la notificación y aprobación previa de la Comisión Europea.
El Gobierno intentó aprobar el real decreto del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, aunque su situación en funciones, alargada con la convocatoria a unas nuevas elecciones generales, impidió sacar adelante una normativa que ya cuenta con los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa (OCCN) y del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
En la respuesta, registrada el pasado 2 de septiembre, se señala que también se mantiene el mecanismo de fomento de la contratación a largo plazo de consumidores electrointensivos.
En concreto, con este mecanismo se trata de fomentar la contratación a largo plazo de energía eléctrica de estos consumidores, ya sea directamente, a través de un intermediario o mediante subastas, producida por instalaciones de generación eléctrica, y en particular procedente de instalaciones de generación renovable, estableciendo mecanismos de cobertura de las garantías que tienen que prestar los consumidores para la firma de dichos contratos por cuenta del Estado español.
LA ÚLTIMA SUBASTA SUPUSO GRANDES RECORTES PARA LA INDUSTRIA.
A finales del pasado mes de junio se celebró la última subasta de interrumpibilidad, correspondiente al segundo semestre de este año, en la que se adjudicaron 2.340 megavatios (MW) a los grandes consumidores de electricidad por un importe de 95 millones de euros, lo que representó un importante recorte con respecto a las realizadas en los ejercicios anteriores.
Sumando los 101,15 millones de euros destinados a la interrumpibilidad en el primer semestre del año, el importe de 2019 asciende a un total de 196,15 millones de euros.
Esta cifra representó un nuevo importante recorte, unido al del año pasado, que dejó la cifra recibida por la gran industria en 2018 en poco más de 300 millones de euros, respecto a los más de 350 millones de euros que los grandes consumidores de electricidad percibieron por este concepto en 2017, y menos de la mitad de los más de 500 millones de euros que recibían en años anteriores.
El Gobierno ya indicó que, siguiendo la nueva normativa europea, modificaría todos los mecanismos de capacidad, incluidas las subastas de interrumpibilidad, que no podría continuar como han sido hasta ahora.
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