El Gobierno ha aprobado una batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del precio de la electricidad, entre las que se encuentran la creación del Estatuto de Consumidor Electrointensivo y la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada.
Estas medidas se enmarcan en el real decreto-ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, a propuesta de las ministras de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, indicó que estas medidas van a permitir a las empresas reducir sus costes de energía y "garantizar la competitividad". "Representan un apoyo a la competitividad de una industria que crea valor y riqueza", dijo.
Así, el objetivo de estas medidas es conseguir una disminución de los costes energéticos para los consumidores electrointensivos, que podrán participar de redes cerradas de distribución y dispondrán de un estatuto que los caracterice y recoja sus derechos y obligaciones en relación a su participación el sistema y los mercados de electricidad.
Además, el Gobierno procederá a prorrogar la vida útil de las instalaciones de cogeneración, que benefician especialmente a la industria.
Estas medidas se producen tras los anuncios de cierre por la multinacional Alcoa en A Coruña (Galicia) y Avilés (Asturias), que emplean a casi 700 trabajadores.
CREACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA CERRADAS
En concreto, el real decreto-ley modifica la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, permitiendo la creación de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, que facilitarán una reducción de costes de la energía eléctrica para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos territoriales reducidos, garantizando unas condiciones de conexión a la red pública de manera que esta no quede afectada.
Asimismo, la normativa establece los principios básicos que deben regir la constitución y autorización de estas redes, y fija un plazo máximo de seis meses para que el Gobierno desarrolle el reglamento que recoja el procedimiento y los requisitos que deberán cumplirse para el otorgamiento de la autorización administrativa, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica y financiera del sistema, eficiencia energética y transición justa.
ESTATUTO DEL CONSUMIDOR ELECTROINTENSIVO
Además, el real decreto contempla la figura del consumidor electrointensivo y da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, elabore y apruebe un estatuto que reconozca las particularidades de aquellos consumidores con un elevado uso de la electricidad, un elevado consumo en horas de baja demanda eléctrica y una curva de consumo estable y predecible, y recoja sus derechos y obligaciones en relación a su participación en el sistema y los mercados de electricidad.
Para estas, empresas el precio de la electricidad es uno de los principales factores de producción, y con este estatuto podrán mantener competitividad y cuota de mercado, señala el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en un comunicado.
Así, la creación y regulación de esta figura permitirá proporcionar a estos consumidores a escenarios predecibles para sus costes energéticos, reduciendo la volatilidad inherente a los mercados energéticos globales y dotando de seguridad a las inversiones industriales.
Por otra parte, también se establece que las instalaciones de cogeneración que utilicen combustibles renovables o gas natural y que hayan superado su vida útil regulatoria con fecha posterior al 1 de enero de 2018 podrán percibir el término de retribución a la operación correspondiente a su instalación tipo por la energía que produzcan hasta un periodo máximo de dos años.
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