El Gobierno dará hasta un 30% de puntuación a los criterios no económicos en la subasta de eólica marina

El panorama energético español está en constante evolución, y una de las áreas que ha cobrado especial relevancia en los últimos años es la energía renovable, con un enfoque cada vez más centrado en la sostenibilidad y el impacto social. En este contexto, el Gobierno ha sacado a audiencia pública el Real Decreto que marca un antes y un después en el proceso de subasta de proyectos de eólica marina, priorizando aspectos más allá de los meramente económicos.

Una de las principales novedades —en línea con los establecido en la Ley de Industria Cero Neto (NZIA, por sus siglas en inglés)— radica en que hasta un 30% de la puntuación final en la adjudicación de los derechos para explotar parques eólicos marinos estará determinada por criterios no económicos.

Hasta ahora, las subastas se centraban principalmente en criterios económicos y técnicos, tales como el precio de la energía, el cupo de potencia a otorgar o la solvencia de los participantes. Sin embargo, el nuevo enfoque busca valorar aspectos adicionales como la minimización del impacto ambiental en relación a la ocupación del espacio marino, los planes de desmantelamiento al final de la vida útil de los equipos, la creación de empleo e industria local, premiando la tecnología europea frente a la china —como se lleva pidiendo desde la industria renovable europea desde hace tiempo— o incluyendo la participación de las pymes, y la compatibilidad de las instalaciones con otros usos del mar, como la navegación y la pesca.

Además, se abre la puerta a una mayor transparencia en el proceso de subasta, con la posibilidad de eliminar el precio de reserva y establecer mecanismos para garantizar la competencia efectiva. Esta medida responde a las demandas del sector y promueve un ambiente más justo y equitativo para todos los participantes.

Objetivos

Según los objetivos establecidos en la Hoja de Ruta de la Eólica Marina y las Energías del Mar, así como en la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, se pretende alcanzar hasta 3 GW de energía eólica marina y hasta 60 MW de otras fuentes renovables marinas para el año 2030. Este desarrollo planificado no solo busca aumentar la capacidad energética del país, sino que también se enfoca en ser respetuoso con el medio ambiente y compatible con otros usos y actividades en el mar.

Además, España cuenta con una posición privilegiada en el terreno de las energías marinas emergentes. Con sectores eólicos y navieros potentes, además de ser un referente europeo en investigación y desarrollo, el país se sitúa en la vanguardia de la innovación en este campo. Instituciones como la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), la Plataforma de Energía Marina de Vizcaya (BiMEP) o la Zona experimental de aprovechamiento de energías marinas de Punta Langosteira (A Coruña) destacan como ejemplos de la apuesta española por la investigación y la implementación de tecnologías renovables marinas.

Para materializar estos objetivos, el MITECO ha aprobado los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, una herramienta de zonificación que define los diferentes usos del mar, incluyendo la producción energética. Estos planes contemplan la creación de 19 Zonas de Alto Potencial (ZAP) para la instalación de aerogeneradores marinos, abarcando una superficie de 5.000 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0,46% de las aguas territoriales españolas.