El Gobierno de Bolivia ha expicado que la reciente retirada de la subvención al precio del diésel para los considerados "grandes consumidores", criticado por algunos sectores, es uno de los condicionamientos que impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el programa de financiación anunciado con el país andino.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, así lo afirmó durante una reunión del presidente del país, Rodrigo Paz, otras autoridades del Ejecutivo y alcaldes de la Federación de Asociación de Municipios de Bolivia (FAM).
"El decreto 5676 es uno de los condicionamiento que tenemos de parte del FMI en tanto (se libere) del precio de los hidrocarburantes, porque es insostenible que el Estado financie una partida que (...) ha tenido un componente de corrupción muy grande y está desangrando el Tesoro General del Estado", sostuvo Aramayo.
El Gobierno y el FMI alcanzaron a un acuerdo a finales de julio para poner en marcha un plan técnico, de 36 meses de duración y de 1.900 millones de dólares, destinado a "respaldar el programa de reformas económicas" iniciado por el Ejecutivo boliviano, que está sujeto a aprobación del directorio del organismo y el Legislativo nacional.
El decreto, emitido el pasado 17 de agosto, establece un nuevo precio en el diésel sin subvención para industrias, empresas y otras entidades consideradas "clientes directos" y "grandes consumidores", para atender "de manera urgente" el abastecimiento ante las largas filas que nuevamente se registran en las gasolineras.
Bolivia y la subvención al diésel
La norma establece por ahora "un precio referencial de 18 bolivianos (1,53 dólares, al tipo de cambio vigente)" por litro de diésel, un coste que será variable pero que no se aplica al transporte público ni a particulares con consumos menores a 5.000 litros al mes, para los que se mantiene el precio de 9,80 bolivianos (0,83 dólares).
Sectores agroindustriales, productores y transportistas rechazan la decisión y exigen al Gobierno que derogue la norma, con amenazas de movilizaciones pese al estado de excepción que rige en el país desde junio.
En las últimas horas ha habido un bloqueo de carreteras protagonizado por productores de arroz en el este del país, enntre las regiones de Santa Cruz y de Beni, adonde este jueves llegaron militares y policías para despejar la vía.
El sector agroindustrial de Santa Cruz, motor económico del país, ratificó este jueves su rechazo a la anulación de la subvención y emplazó al Gobierno a derogar el decreto.
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