El Gobierno de Transición de Perú estableció medidas extraordinarias en materia económica y financiera en la petrolera estatal Petroperú, que incluyen su reorganización patrimonial, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad y la continuidad del abastecimiento de combustibles en todo el país, informaron este jueves fuentes oficiales.
La medida fue confirmada mediante un decreto de urgencia publicado en el diario oficial El Peruano que autorizó, "de manera excepcional y por razones de necesidad pública", la reorganización de los activos de Petroperú "en uno o más bloques patrimoniales", en los cuales se puede incluir la Nueva Refinería de Talara, construida en la costa norte del país.
La norma, que tendrá vigencia de un año, estableció que se debe entender "incorporada a la citada empresa en el proceso de promoción de la inversión privada" y que la agencia estatal Proinversión determinará la modalidad aplicable, mediante un plan de promoción que debe ser aprobado en un plazo máximo de 60 días.
La agencia ejercerá la representación de las acciones representativas, decidirá la transferencia de activos a uno o más bloques patrimoniales o fideicomisos y tomará decisiones estratégicas sobre estos y la selección de un operador especializado.
Proinversión también podrá estructurar, negociar y suscribir con la estatal Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), u otras entidades autorizadas, los contratos de fideicomiso de administración, garantía, flujos o de otro tipo, que resulten necesarios para los fines previstos en la norma.
Un plan vinculante para Petroperú
El Gobierno remarcó que el contenido de este plan "tiene carácter vinculante" para Petroperú y que su directorio debe ejecutar los actos necesarios en un plazo máximo de cinco días hábiles de recibida la decisión respectiva, "bajo responsabilidad funcional".
En ese marco estableció que la terminación de las relaciones laborales correspondientes se sujetará a los procedimientos establecidos en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y otras disposiciones reguladas en las normas vigentes.
Dispuso que, sin perjuicio de esto, el directorio de Petroperú deberá aprobar en un plazo máximo de 30 días, una nueva estructura orgánica y medidas para implementar las acciones de reconversión y reducción de personal.
El decreto autorizó, además, al Ministerio de Energía y Minas a realizar transferencias hasta por 240 millones de soles (71,2 millones de dólares) a favor de Petroperú para financiar las negociaciones con acreedores, implementar mecanismos para mantener la operatividad y reducir gastos, y tomar medidas en materia de personal y reorganización interna.







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