La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado a los medios que el caso Castor "acabará judicializado". De esta manera, el Gobierno cierra la puerta a un acuerdo previo con los tres grandes bancos, Santander, Caixabank y Bankia, que prestaron al Gobierno 1.350 millones para que pudiera indemnizar a Escal UGS (Grupo ACS) por el almacén de gas Castor.
Santander, CaixaBank y Bankia presentaron un recurso contra el Gobierno ante el Tribunal Supremo en el que solicitaban la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas Castor a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS.
Aún así, los tres grandes bancos ofrecieron al Gobierno una salida pactada, que parece que no ha sido bien acogida por la ministra Ribera.
"Hay reclamaciones por parte de las entidades financieras por el principal de la inversión y dada su complejidad jurídica con las sentencias de los altos tribunales y con la dificultad para poder abordar la recuperación de todo aquello, sospecho que acabará judicializado", ha dicho la ministra tras inaugurar el VII Simposio de la Funseam en Barcelona.
En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró “nulos e inconstitucionales” algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS.
En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia.
En enero de 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió, tras la sentencia del Constitucional, paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista. Y es por ello que tanto la gran banca como Enagás han reclamado al Gobierno que les devuelva el dinero.
Para Ribera, "descartamos que vuelva a operar, creemos que no tiene sentido. La primera decisión es que el Castor pasa a la historia y ahora hay que garantizar con la mayor seguridad el desmantelamiento y clausura definitiva.
Sobre el coste que supondrá llvar a cabo esta operación y quién será el encargado de pagarlo, la ministra ha afirmado que "son cuestiones que tienen que ir por etapas", y que aún no se han estudiado en profundidad.
La semana pasada la propia Ribera anunció que el Gobierno evaluará y aprobará “en las próximas semanas” la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón).
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