El Consejo de Ministros ha acordado desestimar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por las empresas UDESA y Electra de Santa Comba, en las que solicitan sendas indemnizaciones por los daños producidos como consecuencia de las medidas adoptadas por el Real Decreto Ley de 12 de julio de 2013, por el que se adoptaron medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. El importe total de las indemnizaciones solicitadas asciende a 1.979.942 euros.
La grave situación financiera que el sistema eléctrico atravesaba durante el año 2012 y primera mitad del 2013 obligó al Gobierno a reconsiderar de forma global todos los elementos retributivos de dicho sistema, incluidos los relativos a la distribución eléctrica, para paliar la situación del déficit tarifario. Los reclamantes solicitaban ser indemnizados por la merma de la retribución recibida como consecuencias de las modificaciones antes expuestas.
Existen numerosas sentencias en las que se justifica la necesidad del Gobierno para adaptar a las circunstancias de cada momento el régimen económico aplicable a las empresas del sector energético.
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