En los próximos meses el Gobierno quiere aprobar una batería de medidas dentro de su plan de "emergencia climática". Quieren trabajar sobre lo que se ha hecho hasta ahora pero adaptándose a los adelantos tecnológicos que eran impensables hace unos años. Por eso, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado, en la Comisión de la misma rama en el Congreso de los Diputados, que en los próximos 100 días van a presentar cinco medidas, y antes de finalizar marzo la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y en los próximos cinco meses 25 medidas más.
Entre esas medidas se incluye una Estrategia de descarbonización para 2050, la creación de una Asamblea Ciudadana o el desarrollo de una Transición Justa. "Reforzaremos las medidas de carácter clásico" ha dicho Ribera, "pero impulsaremos la Asamblea Ciudadana y la Comisión de Expertos de Cambio Climático incluida en el borrador del anteproyecto de Ley".
La ministra considera que todas estas medidas se deben entender como transversales por ejemplo en la educación reglada, que haya coherencia y armonía con otras administraciones y que también formen parte del liderazgo europeo y del multilateralismo que se materializó con la COP25.
"La transición energética requiere un planteamiento muy distinto al de ahora ahora", ha dicho la ministra, "el uso inteligente de las tecnologías, la electrificación de la economía o la combinación de la gran generación y la distribuida supone la liberalización de recursos, la creación de empleos, el cambio de paradigma".
"Pero es probablemente con la aparición de nueva capacidad tecnológica, el PNIEC tendrá que ser revisado con el paso de los años, aunque es un suelo donde comenzar a trabajar que nos va a permitir aprovechar las oportunidades de futuro", ha añadido.
Ribera se refiere a potenciales nuevos nichos de negocio como la edificación o rehabilitación de edificios, "que deberá ser entendida como a gran escala, no solo cambiar ventanas, y llegar al consumidor final, la movilidad entendida como una gran oportunidad para la fabricación de componentes, de infraestructura y de aprovechamiento digital. Y es que España no se puede permitir que se le pillen con el pie cambiado".
Para ello, van a presentar una Estrategia de Almacenamiento, "que describirá los métodos, las técnicas, el marco regulatorio", una normativa sobre uso del hidrógeno, "para movilidad, como capacidad de almacenamiento, canalización", la fijación de precios en el mercado eléctrico, incluyendo la organización de subastas de renovables "que sean capaces de generar atractivo en el inversor", y agilizar la implantación del vehículo eléctrico.
Hibridación para el Acceso y Conexión
Después de dos años de hablar sobre la necesidad de regular el acceso y conexión a redes de los nuevos proyectos renovables, todavía falta por atar muchos cabos. "Necesitamos un RD de Acceso y Conexión porque sin él no podemos ver cuál es la realidad del sector", ha dicho Ribera, "pero además porque hay que incluir el aprovechamiento existente para otras tecnologías, me refiero a la hibridación, donde la capacidad de evacuación autorizada y no agotada pueda desarrollar esta opción".
Para el gobierno es un elemento esencial para aprovechar los emplazamientos existentes y que pueda reducir el exceso de interés que ha generado un punto inflacionista en su solicitud.
La ministra Teresa Ribera también ha anunciado la reforma del mercado mayorista, el desarrollo de un mercado de capacidad "para evitar la duplicación de la capacidad de la potencia para dar seguridad al suministro", el impulso a las garantías de origen y todo ello con un esfuerzo de financiación, "no solo provenientes de fondos europeos sino siguiendo el interés de inversores privados nacionales e internacionales".
También ha señalado que el Gobierno pretende publicitar el calendario de firma de convenios de transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales nucleares y de combustibles fósiles, y que se creará el Instituto de Transición Justa, anunciado ya por el presidente Pedro Sánchez y que asumirá funciones del Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras (IRCM).
Asimismo, ha dicho que en los próximos dos meses se firmarán los protocolos para cada una de las 14 regiones que se van a ver afectadas por el cierre de instalaciones.
Ribera también ha dicho que la fiscalidad ambiental es una asignatura pendiente en España, donde en 2017 se recaudaron 21.382 millones de euros en impuestos ambientales, que la sitúa por debajo de los países de la OCDE.
Dabama
19/02/2020