El Gobierno prohibirá la comercialización "puerta a puerta" de la electricidad entre consumidores domésticos, también conocida como puerta fría, y obligará a las comercializadoras de referencia a ofrecer a los clientes simulaciones sobre lo que se podrían ahorrar pasando a tarifas de discriminación horaria.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han confirmado a Efe la información que publica el diario Cinco Días, que avanza algunas de las medidas que aprobará el Ejecutivo para intentar reducir el efecto que está teniendo en la factura eléctrica la subida de los precios en el mercado mayorista.
Estas medidas, que estarán incluidas dentro del paquete que aprobará el Consejo de Ministros en fecha aún por determinar, pretenden proteger e informar mejor a los ciudadanos con la finalidad de optimizar la contratación del suministro y reducir la factura eléctrica, han informado las mismas fuentes.
Para ello, el Ministerio va a procurar que todos los usuarios conozcan bien sus curvas de consumo y dónde se encuentran sus picos, así como los ahorros que obtendrían cambiando de contrato.
Las comercializadoras de referencia -aquellas autorizadas para ofrecer la tarifa regulada, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC)- es decir, las cinco grandes eléctricas Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo, estarán obligadas a informar a los consumidores con tarifa PVPC (11 millones de clientes) de qué ahorros obtendrían con el cambio a una tarifa con discriminación horaria.
En España, de los 26,2 millones de clientes eléctricos 11 millones están en la tarifa PVPC y de éstos, sólo un 0,5 % cuentan con tarifa de discriminación horaria, con la que se paga menos por la electricidad consumida entre las 12:00 y 13:00 horas y entre las 22:00 y las 23:00 horas.
El Gobierno obligará a las comercializadoras a enviar simulaciones a los clientes de lo que les facturarían con la aplicación de la tarifa de discriminación horaria.
Además, dentro de las medidas que aprobará el ejecutivo está regular el acceso por parte de las comercializadoras de referencia a información sobre datos de consumo y de potencia máxima demandada de los clientes para optimizar las ofertas que les hacen y también para que los consumidores puedan aplicar medidas de eficiencia y ahorro.
Otra de las medidas que introducirá el real decreto es la flexibilización de la potencia contratada, modificando los escalones con los que actualmente los consumidores domésticos tienen que contratarla.
Ahora se hacen en múltiplos de 1,1 kilovatios (Kw) y con el cambio que va a introducir el Ministerio pasarán a múltiplos de 0,1 Kw, que, según el Ministerio, permitirán ajustar mejor la potencia del consumidor a la que realmente necesita, a fin de evitar pagar en exceso por este coste fijo en el recibo.
El Gobierno también va a prohibir que la electricidad se comercialice "puerta a puerta" a los consumidores domésticos, una modalidad de contratación contra la que se han venido presentando múltiples quejas ante organizaciones de consumidores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Además, el Ejecutivo va a agilizar el procedimiento para inhabilitar a las comercializadoras que realicen prácticas fraudulentas, consistentes en incumplir las obligaciones que han contraído para comprar determinada cantidad de energía en los mercados mayoristas diario e intradiario, lo que genera unos costes que tiene que pagar luego todo el sistema.
Dabama
28/09/2018