El Consejo de Ministros ha acordado tramitar un anteproyecto de ley que modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, además de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Según ha podido saber El Periódico de la Energía, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha llevado al Consejo de Ministros este Anteproyecto de Ley para elevarlo luego al Congreso de los Diputados y cambiar dos normativas que afectan directamente al futuro energético de España.
Por un lado, la evaluación ambiental es la que se adopta para aprobar la construcción y puesta en marcha de nuevas instalaciones energéticas, entre otras cosas. Cada instalación necesita tener el visto bueno de la declaración de impacto ambiental. Sin ella, el Gobierno no aprobaría los proyectos de más de 50 MW y las Comunidades Autónomas de las plantas de menos de 50 MW.
Además, España tiene que instalar en los próximos 21 meses unos 8 GW de renovables que fueron adjudicados en las subastas. Los proyectos se han agolpado en el Ministerio y se necesitan refuerzos para llevar a cabo todo y cumplir con la ley de evaluación ambiental.
Por otro lado, está el régimen del comercio de derechos de emisiones. Esta normativa ha sido un absoluto fracaso no solo en España sino en toda Europa. El comercio de derechos no ha servido para reducir las emisiones. El precio al carbono ha sido tan bajo que prácticamente salía igual contaminar que no hacerlo.
Desde la Comisión Europea se aboga por cambiar el modelo y aumentar el precio del carbono para así conseguir el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.