El Gobierno quiere tumbar el almacén de gas en Doñana pero se topa con problemas legales

Los grupos ecologistas llevan más de cinco años luchando por evitar que se construya un depósito de gas y 72 kilómetros de gasoducto en las puertas del Parque Nacional de Doñana. El conocido como Proyecto Marisma de Naturgy ya ha recibido una inversión de 200 millones de euros y el visto bueno del anterior Ejecutivo de Rajoy, quien lo avaló con su declaración de impacto ambiental y con su catalogación como de utilidad pública.

Sin embargo, los ambientalistas denuncian que agrava la situación de riesgo del mayor humedal de Europa. Y creen que Doñana pone sobre la mesa la necesidad de tener una mayor conciencia ecológica. Se preguntan si, en el caso de terminar el caso en los tribunales, ¿debe prevalecer la utilidad de gas como energía o la protección medioambiental?

Sus reivindicaciones han traspasado nuestras fronteras y, esta semana, una delegación de varios eurodiputados de la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo ha realizado una visita para analizar la situación del Parque Nacional de Doñana y la posible violación de la legislación medioambiental europea.

La delegación ha estado presidida por el eurodiputado eslovaco Pal Csáky (PPE-los populares europeos) e integrada por el griego Miltiados Kyrkos (S&D-socialistas), y el austríaco Thomas Waitz (Verdes/ALE). También han participado los eurodiputados españoles Rosa Estarás (PPE), Soledad Cabezón (S&D) y Florent Marcellesi (Verdes/ALE).

Además de reunirse con los denunciantes, los eurodiputados se han entrevistado con la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz y el Ministerio para la Transición Ecológica, así como con organizaciones ecologistas como la Plataforma Salvemos Doñana, WWF y Ecologistas en Acción, expertos de la Estación Biológica de Doñana del CSIC, responsables de Naturgy y otros afectados.

Y tras la reunión con el Ministerio de Energía, el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, ha anunciado en un tuit que "representantes del Ministerio nos reconocen que el proyecto gasístico de Naturgy que amenaza Doñana no encaja con los objetivos de transición ecológica del Gobierno".

Sin embargo, tras esa afirmación, los representantes del Ministerio de Transición Ecológica han añadido que el almacén de gas de Doñana "choca con problemas de seguridad jurídica y posibles indemnizaciones a Naturgy por decisiones administrativas anteriores".

De hecho, hace ya dos meses, tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como la Junta de Andalucía acordaron constituir un grupo técnico-jurídico que será el encargado de estudiar los pasos a dar y para analizar la situación. El cambio de gobierno también ha supuesto un cambio en la sensibilidad sobre el futuro del almacén de gas.

Informe de la Unión Europea

Tras la visita a Doñana y con la información recabada estos días, el comité del Parlamento Europeo elaborará un texto conjunto en la Eurocámara que podría estar listo para noviembre. Después el documento debería someterse a votación en la comisión de peticiones de esta institución, para culminar con la emisión de recomendaciones a las autoridades españolas en febrero.

Aunque no habría sanciones económicas directas, porque esta tarea le correspondería al órgano ejecutivo, es decir, a la Comisión Europea, se le informaría de la posible vulneración de leyes europeas medioambientales en España.

El Parlamento Europeo recuerda, en un comunicado, que "con una extensión de 543 km2, de los cuales 135 km2 son protegidos, y una biodiversidad única en Europa, Doñana fue establecido como reserva de la naturaleza en 1969. La Unesco considera el Parque Nacional como una reserva de importancia mundial debido a la variedad de sus ecosistemas y el gran número de especies que aloja. Sin embargo, las modificaciones fluviales y la agricultura intensiva ponen en riesgo el paraje".

Pero sus emisarios han reconocido que "la impresión que tenemos es que el Parque y toda la zona circundante están en buenas manos, en manos de expertos".