El Gobierno español planteará el próximo 15 de diciembre, ante el Consejo Europeo de Energía, la necesidad de revisar el funcionamiento del mercado eléctrico común. La iniciativa, que España presentará junto con Portugal y otros Estados miembros, busca esclarecer por qué en algunos países de la Unión Europea el precio final de la electricidad aparece “desacoplado” de los costes reales de generación.
El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, avanzó este propósito durante la inauguración del Congreso Renovables 2025 de la asociación Appa. Señaló que, si la UE quiere sostener un auténtico mercado único de la energía, “no puede ser que el precio final esté tan desvinculado del coste y dependa del margen fiscal o del tamaño del bolsillo del país”. A su juicio, la situación evidencia diferencias estructurales y fiscales que requieren un debate profundo y coordinado a escala comunitaria.
Costes energéticos
Groizard subrayó que, aunque la Península Ibérica dispone de costes energéticos más competitivos, en otros Estados miembros la industria paga precios notablemente inferiores, una contradicción que, dijo, pone en cuestión la coherencia del mercado interior europeo. “Esto abre un debate fiscal”, admitió, recordando que la financiación de las redes, la distribución de cargos en la factura o el peso de los presupuestos nacionales son decisiones con un marcado componente político.
El anuncio llega en un momento en el que grandes economías europeas están tomando medidas para aliviar los costes energéticos de su industria. En noviembre, el canciller alemán, Friedrich Merz, presentó un paquete para reactivar la economía que incluye un precio reducido de la electricidad para sectores intensivos en energía, un gesto que ha reabierto el debate sobre la igualdad competitiva dentro del bloque.
En su intervención, Groizard defendió que la transición energética no solo es necesaria, sino también una oportunidad estratégica para España y Europa, especialmente en un contexto de ausencia de combustibles fósiles propios. Recalcó que los recursos renovables permiten mejorar la autonomía energética, reforzar la competitividad y generar ahorro directo. Según sus datos, las energías renovables supusieron en 2024 un ahorro de 15.000 millones de euros para la economía española y 7.000 millones para los consumidores eléctricos.
El secretario de Estado alertó, sin embargo, del avance de discursos que cuestionan la urgencia climática y el despliegue renovable, tanto fuera como dentro de España. Aseguró que estas posiciones tienen efectos reales si acaban influyendo en decisiones fiscales y regulatorias que condicionen la electrificación y las inversiones necesarias.
Transformación del sistema energético
Groizard insistió en que la transformación del sistema energético es ya una realidad global. Recordó que en 2024 el 95% de la nueva capacidad eléctrica instalada en el mundo fue renovable y que la inversión en energía limpia duplicó a la destinada a combustibles fósiles. Destacó también que el sector energético es ya uno de los principales generadores de empleo, con previsiones de entre tres y cinco millones de puestos adicionales en la próxima década.
Asimismo, reivindicó avances recientes en España, como las nuevas medidas de control y supervisión del sistema eléctrico, la habilitación de instalaciones renovables para servicios de control de tensión, la aceleración del almacenamiento y el impulso a la electrificación industrial y de la movilidad. Subrayó que existen más de 40 gigavatios de permisos de acceso concedidos para nuevos consumos —desde hidrógeno y centros de datos hasta industria— que deben materializarse en proyectos reales y rápidos.
En el plano europeo, el Gobierno defenderá también la necesidad de avanzar en las interconexiones eléctricas, un ámbito en el que España continúa muy por debajo del objetivo comunitario. Groizard reclamó a Bruselas un papel más activo en la financiación y coordinación de estas infraestructuras, clave para integrar más renovables y garantizar la estabilidad del mercado interior.
El secretario de Estado concluyó que el éxito de la transición energética dependerá de un esfuerzo colectivo entre administraciones, empresas y ciudadanía. Reivindicó que España ha demostrado capacidad para cumplir sus objetivos cuando apuesta por una visión a largo plazo y pidió mantener la determinación para convertir las oportunidades en progreso económico, industrial y social.
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