El Gobierno veta la ley de Podemos para nacionalizar Repsol por suponer un coste de 9.000 millones

El Gobierno de coalición ha presentado un escrito de disconformidad en el Congreso rechazando la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de Podemos para que el Estado, a través de la SEPI, adquiera hasta un 51% del accionariado de Repsol, alegando que la medida supondría un coste aproximado para las arcas públicas de 8.960,7 millones de euros.

La propuesta de Podemos planteaba que la SEPI se hiciese primero con un 25% de la compañía a fin de convertirse en el principal accionista. Posteriormente, antes del 29 de octubre de 2026, debería ampliarse ese porcentaje hasta el 51% de la totalidad de las acciones.

La formación morada quería emprender esta propuesta para recuperar el control sobre el sector energético y planteaba financiarla con los fondos que el Gobierno quiere destinar a aumentar el gasto en defensa.

La nacionalización de Repsol

Como en toda proposición de ley, el Gobierno tiene la potestad recogida en la Constitución para expresar su disconformidad, y por ende vetar, propuestas legislativas que supongan una caída de los ingresos públicos o un aumento de los costes.

En este caso, el Ejecutivo expone que la capitalización bursátil de Repsol a 21 de noviembre de 2025 era de 17.570 millones de euros, por lo que la adquisición inicial del 25% tendría un coste estimado de 4.392,5 millones de euros y la posterior del 26% restante rondaría los 4.568,2 millones, alcanzando la operación un total de 8.960,7 millones.

Según consta en el escrito de disconformidad, recogido por Europa Press, la aplicación presupuestaria afectada en esa cantidad sería la asociada a la aportación patrimonial a la SEPI, por lo que el Ejecutivo ha decidido