Repsol rechaza la multa de la CNMC: "Dimos descuentos en lo peor de la crisis de 2022"

Repsol ha rechazado "de forma tajante" la sanción de 20,5 millones de euros a diversas de sus filiales del área de venta de carburantes y la prohibición de participar en contratos públicos impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al considerar que se apoya "en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022", marcado por la crisis tras la invasión de Ucrania por Rusia, y ha afirmado que recurrirá ante la jurisdicción contencioso-administrativa para hacer "valer todos estos argumentos en su impugnación".

La CNMC anunció este martes esta sanción a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio por aplicar una política comercial "de estrechamiento de márgenes abusivo", en perjuicio de las estaciones de servicio independientes -las denominadas 'low cost'- que compiten con las de la primera petrolera del país.

En un comunicado, la energética consideró que la decisión de la CNMC no acredita ni posición de dominio, ni efecto de exclusión en el mercado y defendió que actuó "con transparencia y en beneficio de los consumidores en el peor momento de la crisis inflacionaria".

Así, aseguró que se trata de la primera vez en la historia del derecho de la competencia nacional y comunitaria que la CNMC sanciona a una compañía por aplicar descuentos, "en este caso superiores a 450 millones de euros, comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración, para aliviar la delicada situación de familias y profesionales, todo ello en un contexto excepcional de mercado".

A este respecto, advirtió de que "sancionar una conducta legal y supervisada por la propia CNMC desnaturaliza el sentido de la norma, limitará los descuentos futuros de las compañías en numerosos sectores y desincentivará respuestas empresariales responsables ante crisis futuras", recordando que los descuentos minoristas "fueron exigidos" por el Real Decreto-ley 6/2022, "cuya aplicación la propia CNMC supervisó a través de su Dirección de Energía durante todo 2022".

La respuesta de Repsol

Igualmente, el grupo dirigido por Josu Jon Imaz calificó la resolución de la CNMC de "arbitraria" y denunció que el regulador "infla artificialmente la cuota de mercado, mezclando productos y clientes", ya que, en su opinión, si se considera el segmento correcto, su cuota se situó en torno al 25% en 2022, existiendo numerosos competidores en este mercado.

"Nunca en la historia del derecho de la competencia se ha sancionado a una empresa por abuso de posición de dominio con cuotas de mercado por debajo del 30% y menos en un periodo tan corto de tiempo (9 meses) y en condiciones excepcionales", añadió al respecto.

Además, la compañía afirmó que durante todo el procedimiento ha acreditado que, durante ese periodo, no hubo ningún efecto en el mercado, sin la exclusión de competidores ni dependencia real.

En este sentido, señaló que la decisión de la CNMC identifica tan solo doce estaciones de servicio de tres competidores en cuatro entornos locales seleccionados arbitrariamente por el regulador, "que no acredita exclusión real ni potencial", y que tampoco se acredita ninguna salida del mercado de ningún competidor por la supuesta conducta ni a nivel nacional ni en los propios entornos seleccionados.

"De las tres empresas afectadas -Andamur, Arria y AS24-, una de ellas (AS24) expresamente ha reconocido que no ha sufrido ningún pinzamiento mediante un escrito aportado a la CNMC, que el organismo regulador ha ignorado", indicó.

Por otra parte, Repsol lamentó que la CNMC esté "más preocupada por los resultados de esos competidores que por los ahorros que los descuentos supusieron para clientes y consumidores" y mostró su sorpresa por el hecho de que esta decisión se dé "en un contexto de crecimiento continuo de la cuota de mercado de los operadores de estaciones de servicio independientes, frente a la de los operadores tradicionales".

Igualmente, consideró "sorprendente" que no haya ninguna referencia al fraude en el expediente, pese a las dos denuncias presentadas por Repsol, sin que se haya tenido noticia alguna sobre las mismas, ya que en la distribución mayorista de carburante es indiscutible el incumplimiento masivo de las obligaciones regulatorias y fiscales, así como su afectación a la competencia.