El Gobierno y el PSOE ultiman un acuerdo para prohibir cortes de luz a familias vulnerables

El Gobierno y el PSOE ultiman un acuerdo sobre pobreza energética para prohibir vía decreto ley los cortes de luz en los casos de familias y personas muy vulnerables que sean consideradas así por los servicios sociales.

Así lo ha avanzado el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha adelantado que los socialistas ultiman con el ministro de Energía, Industria y Turismo, Álvaro Nadal, la modificación legal para fijar una "tregua social" a través de la prohibición a las compañías energéticas de cortar la luz a las familias vulnerables.

En concreto, se ultima el acuerdo para modificar el artículo 52 de la Ley del Sector Eléctrico con el objetivo de que se prohíba por ley a las compañías energéticas cortar el suministro a las familias "muy vulnerables" declaradas así por los servicios sociales.

Según Hernando, desde el PSOE se trabaja en una modificación de la ley para prohibir los cortes de luz desde la muerte de una mujer en Reus por un incendio provocado por las velas que utilizaba para alumbrarse tras haber sufrido un corte de suministro por impago.

La 'tregua social' antes que el bono social

Desde entonces, ha explicado que el Gobierno ha venido planteando la posibilidad de reformar el sistema de financiación del bono social extendiendo la financiación al 100% de las comercializadoras, si bien desde el PSOE dan "prioridad" a la "tregua social" sobre los cortes de luz.

Si finalmente se alcanza el acuerdo este martes, Hernando ha explicado que el real decreto ley se aprobaría en el próximo Consejo de Ministros o el siguiente, y se llevaría a las cámaras para su convalidación a finales de enero.

"Para nosotros es una enorme satisfacción ofrecer especialmente a familias vulnerables un medio para evitar el corte de suministro", ha añadido.

Además, ha avanzado que el PSOE propondrá que la Conferencia de Presidentes se aborde el desarrollo reglamentario de este proceso al ser competencia de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, de forma que se tenga en cuenta su opinión a la hora del desarrollo reglamentario.