El 'greenwashing' crece en los sectores de la transición energética

Las empresas vinculadas a incidentes de greenwashing (exageración o manipulación de mensajes para aparentar ser más respetuosas con el medio ambiente de lo que son en realidad) aumentaron un 28 % en el último año, de 1.243 hasta 1.594, más que duplicándose desde 2022.

Los sectores de la transición energética ganan peso en esas acusaciones, según el último informe de RepRisk: energías alternativas, minería, metales industriales, utilities y software concentran ya el 29 % de los casos, frente al 18 % de hace cuatro años.

Por primera vez, la biodiversidad es el asunto ambiental más asociado a estas acusaciones, por delante del clima. El dato apunta a que las críticas ya no se limitan a las emisiones: alcanzan al uso del agua, del suelo y a la relación con las comunidades donde operan los proyectos. Una empresa que baja sus emisiones puede tener, aun así, impactos sobre el entorno que alimenten este tipo de denuncias, sobre todo en proyectos de gran tamaño.

Entre los casos recientes destacan un proyecto eólico en Japón cuestionado por su impacto sobre aves protegidas, la minería de níquel en Indonesia, criticada por deforestación y daños a ecosistemas, y varios proyectos de créditos de carbono cuya integridad se pone en duda. En petróleo y gas, en cambio, sigue dominando el clima, con 374 vínculos entre 2022 y 2026.

Las energéticas, en el punto de mira de BEUC

El caso más directo para el sector llegó el 16 de junio, cuando la organización europea de consumidores BEUC presentó una queja ante la Comisión Europea contra ENGIE, Eni Plenitude, Shell y TotalEnergies. Les acusa de promocionar como “verdes” productos que incluyen gas fósil, de anunciar compromisos de cero emisiones netas mientras mantienen o amplían la producción fósil, de apoyarse en compensaciones forestales para justificar las emisiones del gas y de presentarlo como más limpio sin mencionar las fugas de metano.

El patrón alcanza también a la tecnología, un gran consumidor de electricidad. Greenpeace y otras organizaciones sostienen en un informe, publicado en septiembre, que NVIDIA presenta la inteligencia artificial como una herramienta contra el cambio climático mientras sus emisiones de alcance 3 han crecido un 725 % desde 2020, según los propios informes de sostenibilidad de la compañía. Un activista de Greenpeace Alemania interrumpió después la presentación de su consejero delegado, Jensen Huang, en la conferencia GTC de Berlín para denunciar esas emisiones. Es un caso distinto al de BEUC, pero comparte el reproche central.

A una semana de la COP31

La conferencia, que acoge la ciudad turca de Antalya, también ha entrado en el debate. Según Renewable Matter, entre las empresas patrocinadoras están firmas cuestionados por proyectos mineros, de carbón o de construcción y por su impacto sobre los derechos de las comunidades locales.

El holding turco de construcción, energía y cemento Limak, que también recibe criticas, organizará un acto paralelo en la Zona Azul sobre seguridad de suministro y descarbonización. Su nombre está ligado a la tala de árboles en el bosque de Akbelen, en Muğla, para ampliar una explotación minera. Cengiz Holding, nombrado socio de transformación sostenible de la COP31, está detrás de la ampliación de la central de carbón (en imagen) importado Cenal, en Çanakkale. En junio obtuvo luz verde para pasar de 1.320 a 2.370 MW.

Duygu Kutluay, portavoz de la ONG alemana Beyond Fossil Fuels, considera los planes de nueva capacidad de carbón y la destrucción de pueblos por la minería evidencian la contradicción entre la estrategia energética turca y los objetivos climáticos que busca impulsar como anfitriona.

Un marco europeo en movimiento

En el plano regulatorio, la directiva europea 2024/825 prohíbe términos genéricos como “ecológico” sin respaldo y las afirmaciones de neutralidad climática basadas en compensaciones. Se aplica desde el 27 de septiembre, pero su plazo de transposición venció el 27 de marzo y España no la ha incorporado a su legislación nacional. En el marco de su giro antiregulatorio, que ha mermado sustancialmente las exigencias en materia de transparencia y rendición de cuentas sobre sostenibilidad, la Comisión Europea anunció en junio de 2025 la retirada de la directiva de alegaciones verdes (Green Claims Directives), aunque las fuentes discrepan sobre su estado formal.

Que España no haya transpuesto la norma no implica un vacío. A diferencia de un reglamento, una directiva no transpuesta a tiempo no obliga por sí sola a las empresas: según la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, solo permite a ciudadanos y empresas invocarla frente al Estado (efecto directo vertical), y no puede imponer obligaciones a particulares ni servir al Estado para sancionarlos. Pero los jueces españoles deben interpretar la ley vigente a la luz de la directiva (interpretación conforme), de modo que un tribunal puede considerar engañoso un mensaje verde aplicando la normativa actual con el estándar europeo.

La vía prevista es el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible (paralizado su trámite parlamentario), que reforma la Ley de Competencia Desleal y la ley de consumidores y en el que el Ministerio de Consumo dijo en 2025 que también recogería la propuesta Green Claims, hoy sin avanzar en Bruselas. Mientras se tramita, la Ley de Competencia Desleal ya sanciona la publicidad engañosa y permite a competidores y asociaciones de consumidores acudir a los tribunales. Para las comercializadoras, esto afecta a mensajes como las tarifas “100 % verdes”, el gas “compensado” o “neutro” y los objetivos de descarbonización sin plan ni verificación independiente.

El escrutinio sobre los mensajes ambientales del sector energético se intensifica, y lo hace en el momento en que más capital fluye hacia la transición.