El Congreso de los Diputados debatirá y votará el próximo 22 de enero el decreto que incluye un nuevo impuesto temporal sobre las empresas energéticas para 2025, una medida que no apoyan PP, PNV ni Junts, cuyos votos son cruciales para que la norma salga adelante.
Fue en el último Consejo de Ministros del año cuando el Gobierno aprobó este nuevo gravamen para el ejercicio de 2025, tal como prometió a ERC, Bildu y BNG. Y es que, aunque la tasa ya se aplicaba el año pasado, esta quedó derogada con la entrada en vigor de la reforma fiscal, que incluía una disposición a instancias del PP para ese propósito. Esta cláusula consiguió prosperar en las Cortes por los apoyos de PP, PNV y Junts.
El nuevo gravamen incluye bonificaciones para las empresas que inviertan en actividades "esenciales" para la transición ecológica y la descarbonización y con el compromiso de convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales.
En concreto, cuenta con una bonificación máxima del 60% sobre la cuantía del impuesto para aquellas empresas que realicen inversiones estratégicas que tendrá que evaluar el Ministerio de Transición Ecológica.
El impuesto energético y las inversiones estratégicas
Dichas inversiones pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.
Asimismo, tendrán que formar parte de un plan de inversiones estratégicas para la transición ecológica y, para aplicarse la bonificación fiscal, las energéticas obligadas a pagar este gravamen tendrán que solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe motivado sobre si las inversiones recogidas en el plan cumplen la consideración de inversiones estratégicas.
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