El juez revoca la condición de querellante a Iberdrola y amplía la investigación

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido revocar la condición de querellante que Iberdrola tenía en la causa sobre los presuntos encargos al excomisario José Villarejo, y ha prorrogado durante seis meses, hasta el próximo 29 de julio, el plazo de investigación. El magistrado entiende que la querella por falsedad que Iberdrola presentó contra José Antonio del Olmo, el exdirectivo que advirtió de supuestas irregularidades en el pago de las facturas a Villarejo, "debe posponerse", y abre la puerta para que se aplique a éste la doctrina europea del "whistleblowing" o de protección al denunciante. En un auto conocido este jueves, el titular del juzgado central de Instrucción número 6 considera que "mal casa la pretensión de la compañía de sostener la falsedad de una documentación con la situación procesal de su presidente", en alusión a Ignacio Sánchez Galán, que recientemente ha declarado como investigado. Y es que, prosigue, "pretende introducir las alegaciones" de Del Olmo, exresponsable de Control Corporativo de la multinacional, "en otro procedimiento, en el que se reconoce la realidad de la documentación que guardaba en su poder y que la empresa entiende que son falsos". Todos estos extremos muestran, según el juez, "notables carencias" en el fundamento de la denuncia por presunta falsedad documental, cuyo futuro "ahora debe posponerse como también deberá posponerse cualquier pronunciamiento sobre la acumulación de otros hechos". Esta circunstancia hace que Iberdrola pierda "irremediablemente" su condición de querellada, añade García Castellón, que pide opinión a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes sobre el posible reconocimiento a Del Olmo de la figura del "whistleblower", incluida en la directiva sobre protección de las personas que informen de delitos.

PRORROGA LA CAUSA PARA SEGUIR CON LA INVESTIGACIÓN

El magistrado también amplía el plazo de instrucción de esta pieza separada del caso Villarejo, que trata de esclarecer si Iberdrola contrató al excomisario por un total de un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión. El objetivo, asegura, es practicar una batería de nuevas diligencias para completar la investigación de la causa, entre ellas, citar como testigos a quince personas. En la lista figura el nombre del comisario Enrique García Castaño, que comparecerá con la garantía de investigado por tener esta condición en otras piezas y al estar prescritas sus responsabilidad en los hechos que afectan a la eléctrica. Del mismo modo, acuerda que comparezca como investigado el responsable del área corporativa de seguridad en el extranjero de Iberdrola en aquella época, Enrique Victorero, puesto que su firma figura en una factura girada en febrero de 2012 por importe de 25.000 euros más IVA. Esta factura tendría en el concepto "servicios de apoyo logístico y seguridad a personal en Rumanía", un país clave en estas pesquisas. De hecho, la filial Iberdrola Renovables figura como imputada por un posible delito de cohecho en la presunta contratación de Villarejo para llevar a cabo una investigación a la sociedad suiza Eólica Dobrogea, con la que se había aliado para acometer una serie de proyectos en suelo rumano. Pero a lo largo del proceso surgieron diferentes conflictos que fueron resueltos de forma favorable para la compañía española en un procedimiento arbitral. El representante de Eolica Dobrogea, Corneliu Dica, también se encuentra entre los testigos que declararán próximamente ante la Audiencia Nacional.