El juez Víctor Capilla será el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaroz que instruye la causa del almacén Castor, frente al cual hoy está una juez sustituta.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial resolvió ayer el concurso en el que se incluía una plaza para el citado juzgado de Vinaròs.
Hasta que Capilla se haga cargo del juzgado como titular, la juez sustituta continúa con el trabajo de la oficina judicial.
Aquel evaluará la situación del juzgado, de la carga de trabajo y de la capacidad de respuesta. En el caso de que corresponda, se evaluará la conveniencia de los refuerzos que se reclamen y se agilizará, en su caso, su incorporación a la mayor brevedad.
El pasado día 14, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que su departamento tendrá "máxima sensibilidad" para reforzar este juzgado de Vinaròs debido al "evidente" aumento de carga de trabajo que tendrá con la instrucción de la causa, abierta esta semana y donde se ha imputado a dieciocho personas.
La misma parte de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Castellón contra el almacén de gas por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales. Las acausaciones de la Fiscalía
La Fiscalía dirige sus acusaciones contra el Ministerio de Medio Ambiente cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto, contra el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y contra la empresa que construyó y explotó la planta, Escal UGS.
A la vista de lo expuesto por la Fiscalía, el juzgado acordó incoar diligencias previas para investigar los hechos supuestamente delictivos.
Se ordena así citar a declarar en calidad de imputados a los responsables del informe favorable para el Castor, del Instituto Geológico y Minero del 23 de enero de 2007 y a los responsables de la resolución del 7 de junio de 2010, y dentro de la misma a los responsables de la Declaración de Impacto Ambiental que dieron luz verde al proyecto.
Asimismo se cita como imputados a los ocho miembros del consejo de administración de Escal UGS, entre ellos Recaredo del Potro, presidente de la mercantil.
Tras los más de 400 seísmos que se produjeron en septiembre de 2013 en el entorno del Castor, la Fiscalía acordó incoar de oficio diligencias de investigación penal que han desembocado en la denuncia presentada el pasado 23 de diciembre de 2014.
El proyecto Castor se encuentra también inmerso en otros procesos judiciales como la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón que declaraba nula la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Vinaròs a la empresa Escal UGS para la construcción de la planta terrestre de operaciones del proyecto Castor.
Además, esta semana se ha conocido otra sentencia de la Audiencia Nacional que vuelve a estimar una demanda de Río Cenia y que considera que no se llevó a cabo el estudio de impacto ambiental de la tubería que une las instalaciones marítimas con las terrestres del almacén de gas Castor.
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