El Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) ha , en las que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación del proyecto del almacén subterráneo de gas de Escal UGS, y amplía de 6 a 18 meses el plazo máximo de instrucción.
El pasado 19 de octubre declaró ante el juez el primero de los 18 investigados en esta causa sobre la planta situada frente a la costa de Vinaròs, cuya actividad se paralizó después del incremento de la actividad sísmica en Castellón y Tarragona.
La causa investiga la existencia de supuestas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del almacén.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en un comunicado, la causa, en la que ya han declarado 16 de los 18 investigados, está abierta por prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
En el auto, el juez explica que el número de imputados, dieciocho, "es a todos los efectos una cantidad lo suficientemente amplia como para adoptar esta decisión" de declararla como causa compleja, solicitada por el fiscal.
Añade que la "revisión de la gestión de al menos una persona jurídica, cual es Escal UGS -propietaria de la planta-, es también motivo de declaración de complejidad, atendida la consideración de investigada de la misma y de los miembros de su consejo de administración".
El instructor de esta causa, que ya ha superado los 13.000 folios, considera además que la complejidad de los delitos investigados exigirá de la "realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis".
Esto justifica, según el instructor, la declaración del caso Castor como "causa compleja" y la ampliación del plazo máximo de instrucción de 6 a 18 meses.
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