La Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas, que plantea medidas para tener un ahorro de 700 millones en la factura eléctrica institucional en 2025, saldrá adelante en el Parlamento Vasco gracias al acuerdo alcanzado entre PNV, PSE,EE y Elkarrekin Podemos.
El proyecto ha superado la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu, que ha sido rechazada por el resto de partidos, salvo el PP que se ha abstenido. Ahora se abrirá la ponencia donde los partidos debatirán sus respectivas enmiendas.
La ley tiene garantizada su aprobación gracias a un acuerdo entre el bipartito y la formación morada, que ha sido desvelado por el parlamentario de este grupo José Ramón Becerra, una vez rechazada la enmienda a la totalidad.
Los tres partidos han pactado 77 enmiendas parciales dirigidas a que la "ley tenga un sistema de financiación para las entidades municipales e involucre a la ciudadanía". El acuerdo está abierto a que en el trámite de ponencia el resto de grupos puedan incorporar sus aportaciones.
Durante el debate, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha defendido su utilidad para que las administraciones públicas de Euskadi sean "responsables, ejemplares y referentes" en materia de eficiencia energética.
Desde EH Bidu, Mikel Otero ha opinado que la norma tiene carencias como la falta de un análisis "profundo previo a una transición energética" de las fuentes fósiles a las renovables.
"Se ha improvisado, no tiene medidas ejecutivas ni financiación", ha lamentado el parlamentario de la coalición abertzale, quien no obstante se ha mostrado dispuesto a trabajar "de forma crítica, pero constructiva" en la ponencia, donde defenderá más de 120 enmiendas parciales.
Desde el PNV, Unai Grajales ha considerado que las administraciones deben dar "un paso decidido" hacia un cambio de modelo energético y ha advertido de que si la enmienda hubiera prosperado "habría que esperar tres años para traer otro texto legal".
Además, ha considerado que la ley plantea medidas de eficiencia que tendrán efectos positivos y que se derivan del "trabajo técnico y de la experiencia" del Ente Vasco de la Energía (EVE).
En la misma línea, la socialista Natalia Rojo ha opinado que echar atrás el proyecto supondría "empezar de cero y perder tiempo" en un debate "importante y urgente".
Ha subrayado que la ley es "necesaria, posible y oportuna", y se ha mostrado confiada en que se pueda alcanzar un consenso lo más amplio posible en la ponencia.
Becerra ha reivindicado la necesidad de una ley para ahorrar energía y, aunque a su juicio el proyecto "no es bueno", ha admitido que abre "una oportunidad inmejorable para disponer de una norma".
Por último, la popular Mari Carmen López de Ocáriz ha explicado que se han abstenido porque consideran que la enmienda de EH Bildu "tiene mucho sentido común" y porque, para el PP, los grupos que apoyan al Gobierno Vasco han hecho "otra enmienda a la totalidad con sus enmiendas".
Por todo ello, ha lamentado que se haya perdido una "gran oportunidad" de hacer un proyecto de ley que promueva las renovables y el ahorro energético.
La futura ley busca un ahorro de 700 millones en la factura eléctrica institucional para 2025 y para lograrlo el Departamento de Tapia estima que serán necesarias inversiones de 460 millones de euros.
Afectará a la administración autonómica vasca, a las diputaciones y a los ayuntamientos, instituciones que cuentan con 3.913 edificios y abonan el 30 % de la factura energética del sector servicios en Euskadi.
El proyecto recoge que todos los edificios deberán disponer de un Certificado de Eficiencia Energética en el plazo de dos años y que todas las administraciones tienen que elaborar un plan de actuación energética con un diagnóstico en el que se desglosen las fuentes de consumo y las medidas de sostenibilidad acordes a lo dispuesto en el proyecto.
Las entidades municipales deberán facilitar para 2025 que exista en cada municipio un punto de recarga de vehículos eléctricos por cada 2.000 habitantes.
También contempla que se avance de manera progresiva hacia el uso de transportes públicos con combustibles alternativos. Para ello, los pliegos de adjudicación tendrán en cuenta que el 100 % de la flota renovada deberá usar este tipo de combustibles a partir de 2020.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios