Los antirrenovables en la Comunidad Valenciana están llegando a las instituciones. O incluso puede que se estén expandiendo. Si antes el problema era en algunos militantes de Compromís, ahora el turno le ha tocado a la derecha.
Y es que el Ayuntamiento de Elche, con PP y Vox a la cabeza, ha decidido suspender la concesión de licencias urbanísticas, es decir, de construcción, para todas las plantas fotovoltaicas que se están tramitando y se han aprobado en el municipio.
En total, el Ayuntamiento ha tumbado nada más y nada menos que 24 proyectos de energía solar fotovoltaica que ya se habían aprobado y que iban a construirse en los próximos meses.
Según AVAESEN, la patronal renovable valenciana, las inversiones dedicadas a estos proyectos podrían haber alcanzado los 100 millones de euros, con lo que eso supone para el municipio alicantino.
Además, el impacto sobre el empleo también será considerable, ya que dejaría de crear 500 puestos de trabajo directos durante el periodo de construcción de estas plantas y varias decenas más de puestos fijos durante los 30 años estimados de periodo de operación de las plantas.
Inseguridad jurídica
El director general de AVAESEN, Pedro Fresco, lamenta esta decisión porque genera un lío jurídico sin precedentes en la región. Así, Fresco recomienda al consistorio que “si el ayuntamiento quiere plantear la suspensión de licencias para ordenar su plan municipal podría hacerlo para nuevos proyectos que aún no hayan solicitado ni obtenido la compatibilidad urbanística. Pero hacerlo para proyectos en tramitación es una bomba de relojería jurídica de consecuencias impredecibles e incalculables”.
Pero por si esto fuera poco, esta decisión antirrenovable va contra los propietarios de los suelos donde se iban a construir los parques fotovoltaicos. Los 24 proyectos fotovoltaicos en tramitación generan otro impacto económico directo, el de arrendar el suelo para tres décadas, y esta suspensión retroactiva puede hacer que se cancelen esos arrendamientos existentes. AVAESEN calcula que el perjuicio que esta cancelación generará sobre los propietarios de los terrenos en Elche será de aproximadamente 24 millones de euros en 30 años.
En este sentido, desde AVAESEN se advierte que el ayuntamiento de Elche puede enfrentarse a responsabilidades jurídicas y patrimoniales por la suspensión de licencias de obra a proyectos fotovoltaicos ya que, además de los promotores de las plantas afectadas podrían denunciar los propietarios de los terrenos por daños y perjuicios al Ayuntamiento de Elche.
galan
05/10/2023