El actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, ha defendido hoy en la Audiencia Nacional que la indemnización de 11,5 millones de euros recibida por el expresidente Felipe Benjumea era legal y obedecía a cantidades percibidas en concepto de permanencia y de no competencia.
Así lo ha asegurado Fornieles, quien ha ratificado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3, Carmen Lamela, la versión ofrecida por el expresidente de la empresa energética española el pasado febrero cuando alegó que tales pagos eran una práctica normal "para asegurar su permanencia en el cargo".
Según explican fuentes jurídicas, Fornieles, al frente de Abengoa desde el pasado marzo, ha desvelado que el pago de 4,5 millones a Benjumea fue en concepto de no concurrencia, un detalle desconocido hasta la fecha.
Además, el que fuera vicepresidente y consejero coordinador en la época de los hechos por los que tanto Benjumea como su ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega están siendo investigados por presunto delito de administración desleal, ha evitado responder a la acusación de los bonistas sobre la ética profesional de ambos.
Hoy también han comparecido ante la juez los peritos aportados por Sánchez Ortega, investigado además por un presunto delito de uso de información privilegiada tras su fichaje por el fondo de inversión Blackrock después de abandonar el grupo sevillano.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, los expertos han presentado a la sala un informe sobre la política de información del considerado mayor fondo de inversión del mundo que exculparía al ex consejero delegado de Abengoa, quien siempre ha asegurado que nunca desveló datos confidenciales de la energética en su nuevo cargo.
En concreto, la juez Lamela investiga el cobro de 11,5 millones de euros por Benjumea y 4,5 millones por Sánchez Ortega en concepto de indemnización después de que ambos abandonaran la compañía poco antes de declararse el preconcurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).
Unas cantidades que "no se corresponden con las pactadas con la compañía ni son acordes con el estado económico y financiero de la misma", tal y como expresó la juez en su auto.
Abengoa solicitó el preconcurso de acreedores en noviembre pasado, ante un elevado endeudamiento cifrado en torno a 9.000 millones, y por su falta de liquidez, con lo que se abrió un plazo de cuatro meses para evitar el concurso.
A principios de abril, el juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla avaló la petición de ampliar hasta noviembre el plazo para presentar toda la documentación de reestructuración junto a las adhesiones de los acreedores que acreditará la salida del preconcurso.
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