Renovables

El caso Forestalia acaba en la Audiencia Nacional tras su vinculación con Santos Cerdán

El instructor aprecia indicios de conexión entre las presuntas irregularidades en las autorizaciones ambientales de proyectos renovables y la trama empresarial investigada por los vínculos de Santos Cerdán con Antxon Alonso

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El caso Forestalia da un salto a la Audiencia Nacional. El magistrado que investiga en Teruel las presuntas irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables de la compañía aragonesa ha acordado remitir las diligencias a Madrid para que se incorporen a la investigación que dirige Santiago Pedraz sobre el denominado caso Leire o caso de las cloacas del PSOE. El instructor considera que los hechos investigados en la provincia aragonesa están relacionados con una trama más amplia en la que aparecen el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el empresario Antxon Alonso y el fundador de Forestalia, Fernando Samper.

La decisión figura en un auto fechado el 17 de noviembre, en el que el titular de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Teruel, Juan José Cortés, acuerda inhibirse en favor del juzgado de la Audiencia Nacional que dirige Pedraz. El magistrado entiende que las diligencias abiertas en Teruel no constituyen una investigación independiente, sino que forman parte de una misma estructura de hechos que ya se está examinando en Madrid. La resolución llega después de que la Audiencia Provincial de Teruel haya resuelto los últimos recursos de apelación pendientes.

Uno de los argumentos centrales para justificar el traslado es que las posibles irregularidades administrativas no se habrían cometido en la provincia de Teruel, sino en los organismos responsables de evaluar y autorizar los proyectos. En concreto, el juez sitúa el foco en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en Madrid, y en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), en Zaragoza. Ambos organismos habrían intervenido en los procedimientos cuya tramitación está bajo sospecha.

El instructor considera que los centros de decisión de estas instituciones sitúan fuera de Teruel el posible origen de los delitos investigados, entre ellos la prevaricación ambiental, el tráfico de influencias y el cohecho. Este último sería, según el auto, el de mayor gravedad y habría culminado en el Ministerio, aunque las actuaciones presuntamente irregulares pudieran tener su origen en el organismo ambiental aragonés.

A ello se suma la coincidencia de personas investigadas y documentación en los dos procedimientos. El magistrado considera que la presencia de Forestalia en ambas investigaciones constituye el elemento que permite establecer una conexión directa y justifica que las pesquisas se desarrollen de manera conjunta.

Las operaciones de compraventa bajo sospecha

Entre los episodios que recoge la investigación figuran varias operaciones societarias relacionadas con dos proyectos fotovoltaicos en Teruel, Masía I y Masía II, previstos en los municipios de Puertomingalvo y Linares de Mora.

Las sociedades promotoras de ambas instalaciones, Energías Renovables de Quirón y Energías Renovables de Satet, fueron adquiridas en mayo de 2022 por una sociedad vinculada a Antxon Alonso por unos 141.000 euros. Meses después, en diciembre de ese mismo año, ambos proyectos consiguieron declaraciones de impacto ambiental favorables y, en abril de 2023, obtuvieron las correspondientes autorizaciones administrativas previas.

La operación continuó con la formalización, en junio de 2023, de una opción de compra sobre las dos sociedades por 400.000 euros. Finalmente, en diciembre de 2024, las compañías regresaron al entorno empresarial de Forestalia en una operación valorada en 6,8 millones de euros.

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La sucesión de compraventas centra parte de las sospechas del instructor, que trata de esclarecer si estas operaciones pudieron utilizarse para generar fondos destinados a presuntas contraprestaciones a responsables del Ministerio. La hipótesis judicial apunta a que la adquisición de sociedades antes de obtener los permisos y su posterior transmisión por cantidades muy superiores podría haber servido para canalizar pagos irregulares. Por el momento, se trata de una línea de investigación pendiente de acreditación.

Los expedientes ambientales de Masía I y Masía II también están bajo escrutinio por la rapidez de su tramitación y por las posibles deficiencias técnicas detectadas en ellos. La investigación pretende determinar si las autorizaciones se concedieron en condiciones diferentes a las aplicadas a otros promotores y si existieron intervenciones externas para facilitar su aprobación.

Los contactos entre Samper, Cerdán y Alonso

La conexión política y empresarial que ha terminado llevando el caso a la Audiencia Nacional también aparece reflejada en las reuniones que, según el auto, mantuvieron Santos Cerdán y Antxon Alonso con Fernando Samper en Zaragoza durante 2021.

Los encuentros, celebrados entre mayo y julio de aquel año en el domicilio del fundador de Forestalia, forman parte de los elementos que el instructor considera relevantes para relacionar las dos investigaciones. Las pesquisas de Pedraz tratan de esclarecer las actividades del entorno empresarial y político vinculado a Alonso y a Leire Díez, así como las posibles gestiones realizadas para favorecer intereses empresariales ante distintas administraciones.

En esta investigación también aparece Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los investigadores analizan el papel que habría desempeñado el grupo empresarial conocido como Hirurok y sus posibles intermediaciones ante organismos públicos para favorecer determinadas operaciones.

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La causa de Teruel incorpora, además, referencias a Eugenio Domínguez, antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental del Miteco, por su posible intervención en la tramitación de expedientes. El instructor examina si determinados responsables públicos pudieron recibir promesas o beneficios a cambio de facilitar resoluciones favorables a proyectos vinculados a Forestalia.

La investigación judicial se inició en 2024 a raíz de las denuncias sobre posibles irregularidades en proyectos renovables en la provincia turolense, entre ellos los relacionados con el Clúster del Maestrazgo. Sin embargo, las diligencias fueron ampliándose para analizar otros expedientes y posibles conexiones con responsables públicos y empresarios fuera del ámbito territorial de Teruel.

El traslado a Madrid abre ahora una nueva etapa procesal. Santiago Pedraz deberá pronunciarse sobre la competencia para asumir las diligencias y, en su caso, integrar esta investigación en la causa que ya dirige sobre el entorno de Santos Cerdán, Antxon Alonso y Leire Díez. Contra el auto de inhibición cabe recurso de apelación.

La decisión no supone que las presuntas irregularidades estén acreditadas ni que exista una declaración de culpabilidad de los investigados. El objetivo de la investigación será determinar si hubo actuaciones concertadas para favorecer proyectos renovables a cambio de contraprestaciones y qué papel desempeñaron los distintos actores empresariales y públicos.

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