El caso Forestalia da un salto a la Audiencia Nacional. El magistrado que investiga en Teruel las presuntas irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables de la compañía aragonesa ha acordado remitir las diligencias a Madrid para que se incorporen a la investigación que dirige Santiago Pedraz sobre el denominado caso Leire o caso de las cloacas del PSOE. El instructor considera que los hechos investigados en la provincia aragonesa están relacionados con una trama más amplia en la que aparecen el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el empresario Antxon Alonso y el fundador de Forestalia, Fernando Samper.
La decisión figura en un auto fechado el 17 de noviembre, en el que el titular de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Teruel, Juan José Cortés, acuerda inhibirse en favor del juzgado de la Audiencia Nacional que dirige Pedraz. El magistrado entiende que las diligencias abiertas en Teruel no constituyen una investigación independiente, sino que forman parte de una misma estructura de hechos que ya se está examinando en Madrid. La resolución llega después de que la Audiencia Provincial de Teruel haya resuelto los últimos recursos de apelación pendientes.
Uno de los argumentos centrales para justificar el traslado es que las posibles irregularidades administrativas no se habrían cometido en la provincia de Teruel, sino en los organismos responsables de evaluar y autorizar los proyectos. En concreto, el juez sitúa el foco en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en Madrid, y en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), en Zaragoza. Ambos organismos habrían intervenido en los procedimientos cuya tramitación está bajo sospecha.
El instructor considera que los centros de decisión de estas instituciones sitúan fuera de Teruel el posible origen de los delitos investigados, entre ellos la prevaricación ambiental, el tráfico de influencias y el cohecho. Este último sería, según el auto, el de mayor gravedad y habría culminado en el Ministerio, aunque las actuaciones presuntamente irregulares pudieran tener su origen en el organismo ambiental aragonés.
A ello se suma la coincidencia de personas investigadas y documentación en los dos procedimientos. El magistrado considera que la presencia de Forestalia en ambas investigaciones constituye el elemento que permite establecer una conexión directa y justifica que las pesquisas se desarrollen de manera conjunta.
Las operaciones de compraventa bajo sospecha
Entre los episodios que recoge la investigación figuran varias operaciones societarias relacionadas con dos proyectos fotovoltaicos en Teruel, Masía I y Masía II, previstos en los municipios de Puertomingalvo y Linares de Mora.
Las sociedades promotoras de ambas instalaciones, Energías Renovables de Quirón y Energías Renovables de Satet, fueron adquiridas en mayo de 2022 por una sociedad vinculada a Antxon Alonso por unos 141.000 euros. Meses después, en diciembre de ese mismo año, ambos proyectos consiguieron declaraciones de impacto ambiental favorables y, en abril de 2023, obtuvieron las correspondientes autorizaciones administrativas previas.
La operación continuó con la formalización, en junio de 2023, de una opción de compra sobre las dos sociedades por 400.000 euros. Finalmente, en diciembre de 2024, las compañías regresaron al entorno empresarial de Forestalia en una operación valorada en 6,8 millones de euros.








Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios