El actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, declarará mañana en la Audiencia Nacional como investigado por el pago de indemnizaciones millonarias al que fuera dirigente de la compañía Felipe Benjumea y su consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega.
Fornieles fue citado a instancias de la acusación, que solicitó su imputación así como la del resto de integrantes de la comisión de Nombramientos y Retribuciones que acordó el pago de 11,4 y 4,5 millones a Benjumea y Sánchez Ortega, respectivamente, en septiembre de 2015, antes de cesar de sus cargos en la multinacional sevillana.
En su declaración como testigo el pasado abril, el presidente de Abengoa defendió que dichas cantidades eran legales y obedecían a conceptos de permanencia y no competencia.
Una versión que refrendaron la vicepresidenta de la compañía Alicia Velarde y la expresidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones Mercedes Gracia, ahora investigadas y que también se someterán a las cuestiones de la sala.
Por su parte, el exministro de Obras Públicas Josep Borrell, que también integraba la citada comisión, ha sido eximido de cualquier vinculación ya que en el momento de la aprobación del acuerdo no estaba presente sino que delegó su voto en Fornieles.
La Plataforma de afectados por Abengoa, acusación particular que integra a un centenar de bonistas de la compañía, achaca tanto a Benjumea como a Sánchez Ortega un presunto delito de administración desleal, castigado por el Código Penal con hasta seis años de cárcel.
Un supuesto agravado para el ex consejero delegado, investigado además por posible uso de información privilegiada tras su fichaje por el fondo de inversión Blackrock poco antes de que los títulos de Abengoa se hundiesen en bolsa.
En relación a este hecho, la acusación particular instó a la juez para que solicitara detalles sobre el saldo obtenido por Blackrock tras las operaciones de compraventa de acciones de Abengoa realizadas entre el 1 de junio de 2015 y el 20 de enero de 2016.
Asimismo, requirió los informes realizados por la auditora KPMG a instancias de los acreedores financieros de la multinacional sevillana para determinar si la insolvencia se percibió antes o después de los ceses de la antigua cúpula.
Abengoa, inmersa en preconcurso de acreedores desde noviembre de 2015, debe lograr este mes el apoyo del 75 % de los dueños de su deuda al plan de reestructuración y la homologación judicial para evitar la quiebra.
Dicho acuerdo prevé la inyección de 1.170 millones de euros y la dilución de los actuales accionistas.
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